El Ararteko inició una actuación de oficio y solicitó al Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián una ampliación de una información difundida por los medios de comunicación con relación a un desalojo de personas sin hogar en un edificio de Martutene el pasado mes de marzo.
Según la información periodística, en una operación en la que habían participado, la Guardia Municipal, la Policía Nacional y la Ertzaintza se identificó a varias personas, algunas de las cuales se pusieron a disposición de la Policía Nacional para realizar trámites relacionados con su situación administrativa de residencia. Afirmaba, también, que la actuación parecía obedecer a motivos de seguridad y a la existencia de quejas y denuncias por parte del vecindario del barrio en el que se ubica el edificio. La mayoría de sus ocupantes eran personas inmigrantes en situación de exclusión residencial grave.
Sin embargo, según la información facilitada por el Ayuntamiento, la finalidad de la actuación no era desalojar a ninguna persona, sino identificar a las que se encontraban en el edificio.
Los recuentos y estudios que se están realizando sobre las personas en situación de exclusión residencial grave revelan que, desde 2012, hay un aumento constante del número de personas sin hogar en Euskadi y, concretamente, en Donostia/San Sebastián. Parece, por tanto, que esta actuación aislada no responde a un plan previamente acordado en el que se tengan en consideración las múltiples dimensiones del problema del sin hogarismo. Por ello, ha subrayado la necesidad de un plan integral para el municipio y de una mayor coordinación tanto interna como externa entre las administraciones y agentes implicados.
El Ararteko, desde su recomendación general, tras el confinamiento derivado de la pandemia, así como tras el seguimiento de su cumplimiento, ha reiterado la necesidad de realizar actuaciones por parte de las diferentes administraciones públicas competentes.
El Ararteko concluye que esa intervención policial dirigida a identificar a las personas que se alojaban en el edificio abandonado, aislada de otras medidas, no favorece una respuesta integral al problema del sinhogarismo. En su lugar, aboga por la aplicación efectiva de los planes y programas estratégicos, como la mencionada II Estrategia Vasca contra la Exclusión Residencial Grave (2024-2028) y el VI Plan Intercultural de Ciudadanía, Inmigración y Asilo (2022-2025). En este sentido cualquier intervención en este ámbito debe garantizar una coherencia de las políticas públicas que se están impulsando y la coordinación entre los sistemas públicos y administraciones competentes.
RESOLUCIÓN
Vitoria-Gasteiz, 9 de enero de 2025
