Informe extraordinario: "Atención a las víctimas del terrorismo en Euskadi"

Atención institucional a las víctimas del terrorismo en Euskadi

El objeto del informe es la victimación terrorista producida y que se está produciendo en Euskadi, y la atención institucional a las víctimas. Se refiere a todas las víctimas de los grupos terroristas que han operado u operan en el País Vasco, aunque ETA tiene un protagonismo especial en el informe por ser la autora de la inmensa mayoría de los asesinatos que ha habido y por ser el único grupo terrorista en activo. En cualquier caso, se ha tratado de evitar solapamientos con la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo, a quien el Parlamento le encargó la elaboración de un informe "sobre la realidad de las víctimas del terrorismo practicado por los grupos incontrolados, de extrema derecha y el GAL".

El informe refleja una realidad de más de 1.000 personas asesinadas y la situación de sus familiares, amigos y compañeros, de unas 16.000 personas heridas, de miles de personas que han tenido que exiliarse de Euskadi para evitar la amenaza terrorista o una segunda victimación y de unas 42.000 personas que se calcula sufren en este momento amenazas, extorsiones o coacciones de ETA.

En la actualidad existen actuaciones y políticas públicas dirigidas a las víctimas del terrorismo. Por lo que respecta a las administraciones públicas vascas, la base de la mayor parte de ellas la constituye la extensa y prolija Proposición No de Ley del Parlamento Vasco del 25 de junio de 2003 sobre medidas para paliar la situación de las víctimas del terrorismo, aprobada por unanimidad de todos los grupos que participaron en la votación.

La citada proposición no de ley del Parlamento Vasco ha sido, obviamente, uno de los presupuestos que se han empleado en el informe para analizar las actuaciones públicas. El propio legislativo vasco ha llevado a cabo una encomiable y fructífera labor de desarrollo de la mencionada resolución parlamentaria, adoptando una considerable batería de iniciativas relacionadas con las víctimas del terrorismo. Adquiere una particular relevancia la aprobación de la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo por unanimidad de todos los grupos parlamentarios presentes el 19 de junio de 2008.

El informe se estructura en diez capítulos y seis anexos:

- Presentación
- Capítulo I: Objetivos, metodología y estructura del informe
- Capítulo II: La normativa internacional como marco de referencia para las políticas de reconocimiento y solidaridad con las víctimas del terrorismo
- Capítulo III: La progresiva adecuación de la normativa interna como punto de partida hacia la minoración de la victimación terrorista
- Capítulo IV: La respuesta institucional a la situación de las víctimas del terrorismo en el ámbito municipal
- Capítulo V: Derechos de las víctimas del terrorismo: participación, dignidad, reparación moral, justicia, verdad y memoria
- Capítulo VI: El derecho a la reparación personal y material de las víctimas del terrorismo: su proyección en los ámbitos de la salud, la vivienda, el empleo, la enseñanza y la formación
- Capítulo VII: El derecho a la convivencia en paz y libertad: el interés de las víctimas en la deslegitimación del terrorismo a través de los medios de comunicación y de la educación en la prevención de la violencia terrorista
- Capítulo VIII: Experiencias de victimación terrorista en Euskadi: valoración de las víctimas de la respuesta institucional y social
- Capítulo IX: Víctimas de amenazas y/o coacciones terroristas en Euskadi: experiencias de victimación y valoración de la respuesta institucional y social
- Capítulo X: Conclusiones y recomendaciones

La normativa internacional contempla una serie de principios mínimos e interrelacionados de reconocimiento de las víctimas del terrorismo, que se recogen en el informe y que, en buena medida, se han incorporado a la normativa estatal y autonómica.

Un hito muy significativo en relación con las víctimas del terrorismo ha sido, como se ha señalado anteriormente, la aprobación de la Ley 4/2008, de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo. Su mayor virtud es que las víctimas se conviertan en sujetos de derecho. Asimismo, la tríada "verdad, memoria y justicia" reivindicada por las víctimas se convierte en derechos contemplados por la Ley 4/2008.

La respuesta institucional a las víctimas del terrorismo en el ámbito local es fundamental para la deslegitimación social y política del terrorismo. Existe un número de ayuntamientos vascos, no muy numeroso, pero activo y comprometido con las víctimas. Por el contrario, son muchos los municipios vascos, en los tres Territorios Históricos, en los que no se ha adoptado ninguna medida a favor de las víctimas, incluso en algunos en los que se han producido atentados mortales.

Es constatable que la acción terrorista tiene consecuencias en ámbitos como la salud, la vivienda, el empleo o la educación. El derecho a obtener ayuda psicológica y a poder elegir el profesional que le atienda resulta fundamental para la víctima.

La Ley 4/2008 prevé también la reparación de los daños materiales causados por las acciones terroristas en viviendas, establecimientos comerciales e industriales o sedes de partidos políticos y sindicatos. Existe una previsión de atención preferente a las víctimas del terrorismo en la adjudicación de viviendas de protección pública.

Se ha constatado, por otra parte, que las personas afectadas por un acto terrorista encuentran dificultades para acceder a un empleo o para conservar el que tenían.

Los medios de comunicación y las instancias educativas son agentes fundamentales en la deslegitimación del terrorismo, y el informe dedica a estas cuestiones un capítulo. En él se reproduce una parte de otro informe extraordinario de próxima publicación sobre los valores de los menores de edad de Euskadi ante cuestiones significativas en materia de derechos humanos y las vías de adquisición de esos valores. Destaca, de entre la abundante información extraída de un cuestionario extenso trabajado con escolares vascos de ESO, que siete de cada diez adolescentes se muestran contrarios a la actividad terrorista de ETA, aunque casi un 15% no la rechaza o la justifica y otro 14% se muestra indiferente o no se manifiesta.

El informe da voz a las víctimas, a través de las asociaciones y entidades en las que se agrupan muchas de ellas, y a través de sus peticiones y opiniones van aflorando las necesidades que las políticas públicas deberían atender. Debe subrayarse que las políticas en relación con las víctimas no pueden identificarse únicamente como políticas meramente asistenciales. Las víctimas desean el reconocimiento de sus derechos a la verdad, a la memoria y a la justicia con una dimensión pública no meramente individual.

Una de las más graves vulneraciones de derechos es la que se produce sobre las víctimas de amenazas y/o coacciones terroristas en Euskadi, la llamada violencia de persecución.

Miles de personas están sometidas a:
- la vulneración de su derecho a la libertad y la amenaza contra su vida y su integridad física y moral;
- el desgaste de una victimación anticipada;
- la imposibilidad de recuperar el tiempo de su vida, sometidas a la violencia de persecución;
- la repercusión en todas las facetas de su vida, en particular, en su vida familiar.

Las personas sometidas a coacciones y amenazas terroristas reivindican una protección de calidad, un reconocimiento a través de medidas de atención pública y una prevención mediante la concienciación social y el apoyo institucional.