Las mujeres presas en el centro penitenciario de Álava podrán acceder a los recursos forales en condiciones de igualdad a la ciudadanía en libertad

La Asociación de ayuda a personas presas (ADAP) solicitó la intervención del Ararteko con motivo de los cambios adoptados por la Diputación Foral de Álava (DFA) para la acogida residencial en los pisos de personas privadas de libertad.

ADAP señalaba que, desde diciembre de 1996, gestiona el piso de apoyo a internas del centro penitenciario Araba, mediante un convenio con la Diputación alavesa, que se mostró especialmente sensible a la problemática de estas mujeres y muy consciente de su situación de exclusión y de desigualdad en relación con los hombres presos.

Este recurso posibilita a mujeres que carezcan de otro tipo de acogida la salida del centro penitenciario, tanto para el disfrute de sus permisos, como para la asistencia a actividades formativas o laborales. Favorece la inclusión social de las mujeres penadas a través de planes de atención individualizados e integrales que abarcan los diferentes ámbitos: personal, social, formativo­ laboral, comunitario, legal, ámbito de la salud...

A principios de 2019 la Diputación comunicó a ADAP la pauta de condicionar la acogida residencial en los pisos para personas privadas de libertad y otros recursos forales a la situación de empadronamiento o arraigo demostrado en el territorio histórico antes del ingreso en prisión, y no computar el tiempo de padrón en el centro penitenciario. Ello implicaba que las personas sin arraigo en la provincia no podrían acogerse a derechos penitenciarios como la progresión de grados en régimen de libertad o la libertad condicional, puesto que carecían de apoyo familiar, social y, a partir de ese momento, también institucional.

Les informaron, además, de que el piso dejaría de ser exclusivamente para mujeres presas, ya que tendría que atender en el futuro a otras mujeres en exclusión, lo que ponía en peligro el propio recurso.

Según ADAP, la Diputación les indicó que este cambio venía dado por la aplicación de la Cartera de Servicios Sociales de Gobierno Vasco, que no contempla la atención específica del colectivo de personas privadas de libertad.

El Ararteko solicitó la colaboración del diputado foral de Políticas Sociales de la DFA. Le recordó que en las personas presas confluyen habitualmente varias causas de exclusión social, a las que cabe añadir la de la propia "prisionización", es decir, el proceso de deterioro para la vida en libertad que supone una estancia en prisión prolongada. Este hecho dificulta la reinserción de estas personas y más aún en el caso de las mujeres presas. Por ello, es una constante que las personas que han pasado largos periodos en prisión hayan roto los lazos familiares y sociales.

Asimismo, se le indicó que en otros territorios históricos la Cartera de Servicios Sociales se está interpretando en el sentido más favorable, para posibilitar el acceso de las personas presas a los recursos de reinserción.

El Ararteko ha tenido conocimiento de que, recientemente, la Diputación Foral de Álava ha cambiado de criterio respecto a la exigencia de padrón anterior a la entrada en prisión aceptando, de nuevo, el padrón en el centro penitenciario Álava, y que el piso seguirá siendo un recurso exclusivamente para mujeres presas.

El Ararteko valora como muy positivo este cambio de criterio de la DFA, ya que permitirá el acceso de las mujeres presas a los recursos de reinserción forales en condiciones de igualdad a la ciudadanía en libertad, y acabar con la cadena de exclusión doble por cuestión de género.

Vitoria-Gasteiz, 7 de febrero de 2020