Autoría : Ararteko, Oficina de Asuntos Europeos e Internacionales

Los derechos de las personas con discapacidad durante la COVID-19: problemas y reivindicaciones

Personal del Ararteko ha asistido un seminario coorganizado por la Red Europea de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (ENNHRI) y por la Defensoría del Pueblo de Georgia, se han discutido las consecuencias que tuvo la COVID-19 para las personas con discapacidad. Expertas y expertos de la sociedad civil (European Network on Independent Living ENIL) y de instituciones nacionales de derechos humanos (Instituto alemán de derechos humanos, defensoría del pueblo de Bulgaria, Equinet) han expuesto los principales problemas que han encontrado en sus estudios al respecto así como sus reivindicaciones para el futuro.

Problemas

La red ENIL realizó un estudio a nivel global sobre los derechos de las personas con discapacidad durante la pandemia. Su conclusión principal es que hubo un fracaso del Estado para proteger el derecho a la vida de las personas con discapacidad en instituciones (entendiendo por ellas todo tipo de alojamiento colectivo responsabilidad del Estado), si bien no hay datos concretos porque los datos oficiales de mortalidad no dan información sobre el lugar de fallecimiento. Además de la mortalidad, el estudio apunta a que a muchas personas se les negó el acceso a servicios de salud. Otro problema fue la privación de libertad: no poder salir, no poder recibir visitas, o la prohibición de entrada de personal sanitario en las instituciones. El estudio también apunta a la falta de información de las personas con discapacidad residentes en instituciones y a una ausencia de supervisión.

Por su parte, la red europea de organismos encargados de velar por la igualdad Equinet ha creado una base de datos sobre discriminación, incluida la discriminación contra personas con discapacidad, y sobre la actuación de los poderes públicos para combatirla durante la pandemia en distintos Estados europeos. Algunos de los problemas detectados han sido:

  • Falta de consulta de las autoridades públicas con expertos en derechos humanos y discriminación, en especial en sus efectos sobre colectivos vulnerables
  • Falta de información adaptada a determinadas personas con discapacidad como las personas sordas
  • Falta de acceso a los servicios de salud para las personas con discapacidad
  • Problemas de progenitores de niñas y niños con discapacidad para cuidarlos en casa
  • Imposibilidad para las personas cuidadoras de acudir al domicilio de las personas a las que cuidaban
  • Escuelas de educación especial que se quedaban cerradas mientras se abrían las escuelas ordinarias
  • Clases online y teletrabajo no adaptados para la accesibilidad
  • Falta sistemática de datos de igualdad que dieran información sobre personas con discapacidad
  • Respecto a las vacunas: priorización que dejó fuera a personas con determinadas discapacidades; falta de accesibilidad de centros de vacunación y de la información que se daba sobre las vacunas; incertidumbre sobre los efectos de algunas vacunas en personas con discapacidad y presiones para vacunarse a personas con discapacidad residentes en instituciones

Desde las instituciones nacionales de derechos humanos participantes, se señalaron problemas como una posible discriminación de las personas con discapacidad a la hora de recibir tratamiento intensivo de urgencia (situaciones de triaje). Se habló de una reciente sentencia del Tribunal Constitucional Federal de Alemania que ordena cambios legislativos para evitar dicha discriminación. También se mencionó la falta de atención hacia los problemas de personas con discapacidad que no residían en instituciones.

Reivindicaciones

Como reivindicación general, se recordó que los estándares mínimos de no discriminación se deben respetar también en situaciones de emergencia.

Se apuntó que la sociedad civil dedicada a los derechos de las personas con discapacidad estaba esperando que la pandemia fuera una llamada de atención para salir de la institucionalización y pasar a modelos de atención más comunitarios. Sin embargo, algunos países han decidido invertir más en instituciones: mejor aislamiento, mejor equipamiento médico, etc. sin plantearse la desinstitucionalización.

Se reivindicaron estrategias inclusivas respecto a los efectos a largo plazo de la pandemia en las personas con discapacidad en ámbitos como la educación o el empleo. Los planes de emergencia también deben ser inclusivos. La pandemia debe suponer la ocasión para hacer una revisión sistemática de la situación de las personas con discapacidad y de los servicios que se les prestan, siempre con su participación y la de sus instituciones representativas.

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