Comprometidos por la igualdad y contra la violencia machista

El 25 de noviembre es una fecha que nos convoca cada año para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas firmes en todos los países para su erradicación. La violencia ejercida contra las mujeres desde el machismo, es decir, por el simple hecho de ser mujeres, asola la integridad física y moral de mujeres y niñas de todo el mundo y tiene sus raíces más profundas en la desigualdad estructural entre mujeres y hombres, en todos los planos de la vida social, cultural y económica, y, en última instancia, en el sexismo, como actitud cultural ampliamente arraigada de desprecio y preterición de las mujeres con respecto a los hombres. Se trata de un mal endémico y universal, que iguala tristemente en la vulneración de los derechos humanos a mujeres y niñas del mundo entero.

Como defensores del pueblo de sociedades lejanas geográficamente, pero cercanas en su voluntad de superar los graves atentados contra los derechos humanos -en especial contra el derecho a la vida- que sufren muchas mujeres y niñas de nuestros territorios y del mundo entero, tras nuestro reciente encuentro en Euskadi, queremos unir nuestras voces, desde Euskadi y Guatemala, para denunciar esta lacra universal y llamar la atención sobre la necesidad de medidas firmes y contundentes para prevenirla y erradicarla. En Guatemala, las agresiones sexuales, las desapariciones, la violencia física y psicológica, y, en su más criminal expresión, el femicidio, asolan cruelmente a millares de mujeres y niñas. En Euskadi tampoco estamos libres de execrables formas de violencia machista en sus distintas manifestaciones. Siguen, desgraciadamente, produciéndose con una frecuencia insufrible, truncando así las vidas de demasiadas mujeres.

En el ejercicio del mandato común que nos encomienda la defensa de los derechos de las personas, ambos tenemos la convicción de que la igualdad plena -real y efectiva- de mujeres y hombres es condición indispensable para atajar la violencia contra mujeres y niñas, y para proteger sus derechos humanos, y es también una premisa ineludible para el funcionamiento verdaderamente democrático de una sociedad, y para el avance económico, el desarrollo social y la competitividad de nuestros países.

El establecimiento de un sistema internacional de protección y garantía de los derechos humanos es un soporte esencial para que los distintos Estados pongan los medios para la defensa efectiva de las mujeres y niñas frente a los atentados de violencia machista. En América, la Convención de Belém do Pará de 1994, que a partir de la sentencia dictada en el caso Campo Algodonero otorga a la Corte Interamericana de Derechos Humanos jurisdicción para conocer de su aplicación por los Estados firmantes (entre ellos, Guatemala), constituyó un hito pionero en el mundo para prevenir, sancionar y erradicar la violencia machista contra las mujeres. Fue sólo años más tarde, en 2011, cuando, paralelamente, el Convenio de Estambul estableció un sistema de garantías y unos estándares comunes de protección para las mujeres europeas frente a la violencia motivada por el género, aunque en este caso, pese a estar dotado de un mecanismo de supervisión, no se ha derivado, como en el caso americano, una atribución de jurisdicción al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para conocer de su adecuada aplicación por los Estados firmantes.

Combatir el sexismo en todas sus manifestaciones y de modo transversal, como causa profunda de esta grave vulneración sistemática y universal de los derechos de las mujeres y niñas, debe ser una prioridad política de nuestros países y -también, en aras de revertir los estereotipos y aquellos valores o culturas que ensalzan o amparan las actitudes machistas- un objetivo de urgencia para todas nuestras sociedades.
Desde la alta misión que tenemos encomendada ambos defensores para velar por los derechos de la ciudadanía, consideramos que el compromiso por la igualdad de mujeres y hombres también nos atañe singularmente a los hombres, pues sólo nuestra firme condena de la desigualdad y la revisión de nuestras propias actitudes, así como las alianzas debidamente tejidas entre hombres y mujeres, entre sociedad civil e instituciones, pueden acabar con esta lacra machista que sigue agrediendo, lesionando y matando a las mujeres.

Manuel Lezertua, ararteko y Jordán Rodas, procurador de Derechos de Guatemala y presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman