La Defensora del Pueblo Europeo exige mayores esfuerzos para asegurar que la financiación europea promueve efectivamente la vida independiente de las personas con discapacidad
La Defensora del Pueblo Europeo ha dirigido diez recomendaciones a la Comisión Europea con el fin de que esta mejore la orientación y el seguimiento del uso que los Estados miembros dan a la financiación europea en el ámbito de las personas con discapacidad. Las recomendaciones de la Defensora buscan promover un uso de la financiación europea que promueva el derecho a la vida independiente de las personas con discapacidad. El Ararteko participó en esta investigación, a petición de la Defensora europea, aportando información sobre la situación en Euskadi.
El Convenio de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que la Unión Europea y los Estados miembros están obligados a cumplir, tiene como uno de sus objetivos la promoción de la vida independiente de las personas con discapacidad. Estas tienen derecho a vivir en su comunidad y a tomar sus propias decisiones en cuanto a su manera de vivir. De acuerdo con el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, esto significa pasar de un modelo de atención basado en instituciones residenciales a otro basado en la atención comunitaria, que permita a las personas con discapacidad recibir cuidados en su propio entorno social. En consonancia con esto, la normativa de la Unión Europea que regula los Fondos Estructurales prevé que dichos fondos se deben utilizar para promover la transición del cuidado institucional al cuidado comunitario, y no para financiar nuevos recursos de cuidado institucional. Además, la experiencia vivida durante la pandemia apunta también en esta dirección.
Por ello, la Defensora del Pueblo Europeo inició una investigación de oficio para saber si la Comisión Europea estaba promoviendo el uso adecuado de la financiación que da a los Estados miembros y supervisando correctamente su uso en interés de la vida independiente de las personas con discapacidad. La Defensora concluye que la Comisión Europea podría actuar con más decisión en este sentido, y hace las siguientes recomendaciones:
- Las directrices que la Comisión dará a los Estados miembros en 2023 deben ser claras e inequívocas sobre la necesidad de salir del modelo institucional de cuidados, y deben indicar a los Estados cómo hacerlo aportando ejemplos de medidas posibles. En ellas, se debe exigir a los Estados que incluyan información sobre sus estrategias de desinstitucionalización en sus planes nacionales y que impliquen a las organizaciones representativas de personas con discapacidad en el diseño, selección, ejecución, supervisión y evaluación de los proyectos financiados con fondos europeos.
- La Comisión debe dar también directrices claras a su propio personal que le permitan evaluar si los programas y estrategias nacionales son conformes con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
- Al evaluar los planes y estrategias nacionales, el personal de la Comisión debe consultar con instituciones nacionales de derechos humanos y con la sociedad civil, debe tener en cuenta los informes e investigaciones de las defensorías del pueblo y dar prioridad a las opiniones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.
- Las directrices deben establecer indicadores para definir el proceso de desinstitucionalización y dejar claro que cualquier excepción a la prohibición de financiar nuevos recursos de cuidado institucional se debe interpretar restrictivamente.
- La Comisión debe invitar a los Estados miembros a facilitar la participación de organizaciones representativas de las personas con discapacidad en los comités nacionales encargados de supervisar el uso de los fondos europeos. También deben implicar, de la manera que resulte apropiada, a las defensorías del pueblo.
- Las resoluciones y recomendaciones de los comités de supervisión deben publicarse de manera accesible.