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  • Esta resolución tiene su origen en la queja presentada por una ciudadana relativa a su disconformidad con la actuación de VVMM debido a la tardanza para llevar a efecto un cambio de vivienda tras su reconocimiento. En concreto, la reclamante expuso que constituye una unidad de convivencia de 5 miembros. Uno de ellos es una persona menor de edad y otros dos, el marido y el hijo menor, tienen reconocida una discapacidad del 67% y del 39% respectivamente. 

    En noviembre de 2022 comunicó a VVMM que la vivienda no disponía de la superficie útil necesaria para una adecuada convivencia de la familia y solicitó un cambio de vivienda. Argumentó que el inmueble únicamente dispone de 51 m2 de superficie útil, de modo que el día a día de la familia en la vivienda se encontraba totalmente condicionada. 

    En respuesta a la solicitud realizada, en febrero de 2023, VVMM estimó su solicitud y reconoció que la vivienda en la que residían no era adecuada.

    Ante la tardanza en hacer efectivo el cambio de vivienda, en abril de 2024, la promotora de la queja reiteró su solicitud ante VVMM. A pesar de ello, después de más de dos años de la formalización de su solicitud, la reclamante seguía residiendo en la misma vivienda. 

    Tras recabar información el Ararteko recomendó a VVMM que adoptara las medidas necesarias para garantizar debidamente el derecho de la reclamante y su unidad de convivencia al disfrute de una vivienda digna y adecuada a la mayor brevedad posible. También le pidió que haga un mayor esfuerzo argumentativo en las motivaciones empleadas en sus respuestas en aquellos casos en los que las personas inquilinas que tienen reconocido el cambio de vivienda soliciten información sobre las actuaciones que el organismo autónomo local está llevando a cabo para hacer efectivo dicho derecho o la razón de la demora en su materialización. 

    En su respuesta a la recomendación del Ararteko, VVMM manifiesta de manera expresa que asume el contenido de la resolución y se compromete a dar cumplimiento a las consideraciones contempladas en ella. El Ararteko agradece la colaboración del Ayuntamiento de Bilbao y de VVMM y la determinación mostrada para solucionar el problema planteado en esta reclamación. También reconoce el esfuerzo continuado que están realizando para garantizar el cumplimiento efectivo del derecho a una vivienda digna y adecuada.


    Vitoria-Gasteiz, 26 de marzo de 2025

  • El Ararteko, junto con la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la UPV/EHU, ha organizado en el Bizkaia Aretoa de Bilbao una conferencia del abogado y profesor argentino Fabián...
  • El Ararteko ha emitido una recomendación dirigida al Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de la Diputación Foral de Álava, instándole a eliminar la obligatoriedad de utilizar un programa informático específico para confeccionar autoliquidaciones del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados cuando estas se entregan presencialmente.

    La recomendación surge tras la queja de un ciudadano que acudió a las oficinas de la Hacienda Foral alavesa para realizar un trámite presencialmente, pero se le exigió descargar y completar previamente un modelo específico mediante un programa informático. El ciudadano, que carecía de conocimientos informáticos suficientes, no pudo completar el trámite ni siquiera con ayuda de terceros, por lo que manifestó su disconformidad ante esta imposición. Aunque en la administración le ofrecieron un ordenador en sus instalaciones, el ciudadano insistió en que no tenía las habilidades necesarias para manejarlo sin ayuda.

    Tras analizar la situación, el Ararteko considera que esta exigencia vulnera los derechos de la ciudadanía, en particular el derecho a elegir cómo relacionarse con la administración pública, especialmente cuando se trata de personas sin habilidades digitales suficientes. Además, señala que la obligatoriedad impuesta no está debidamente justificada por una norma con rango de ley, tal como exige la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que han insistido en que las administraciones deben ofrecer alternativas accesibles y no imponer el uso obligatorio de medios electrónicos sin garantías de acceso y competencia digital.

    En conclusión, el Ararteko recomienda a la Diputación Foral de Álava eliminar esta obligatoriedad y proporcionar alternativas que permitan realizar trámites tributarios presenciales de manera accesible para todas las personas, respetando así el derecho a una buena administración.

    RESOLUCIÓN

    Vitoria-Gasteiz, 17 de marzo de 2025

  • El Ararteko ha emitido una resolución instando al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a eliminar la obligatoriedad de la cita previa para interponer denuncias en la Policía Local, permitiendo a la ciudadanía presentar denuncias de manera presencial sin barreras innecesarias. La recomendación responde a la queja de un ciudadano que encontró dificultades y retrasos al intentar denunciar un delito debido a la existencia de este requisito.

    Tras analizar el caso, el Ararteko ha constatado que la imposición de la cita previa puede generar indefensión y vulnerar derechos fundamentales, como la tutela judicial efectiva y la protección de las víctimas. Además, ha manifestado su preocupación por la posibilidad de que esta medida impida la atención inmediata en situaciones especialmente graves, como casos de violencia de género o delitos que requieran una actuación urgente.

    En su resolución, el Ararteko recomienda que la cita previa se mantenga únicamente como una opción voluntaria y que el Ayuntamiento informe de manera clara, tanto presencialmente como por vía electrónica, sobre su funcionamiento y en qué casos puede resultar útil. Con esta medida, el Ararteko refuerza su compromiso con una administración accesible y con la garantía de que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos sin trabas administrativas injustificadas.

    RESOLUCIÓN

    Vitoria-Gasteiz, 11 de marzo de 2025
     

  • 8 de marzo de 2025 El Ararteko considera necesario que las instituciones públicas emprendan medidas para difundir entre la juventud la idea de que la igualdad es una herramienta clave para la...
  • El Comité Europeo de Derechos Sociales ha dado a conocer su decisión relativa a la situación de las personas residentes en la Cañada Real Galiana de Madrid. En su decisión, el Comité declara que, las autoridades españolas, al permitir una situación en la que, durante un periodo prolongado de tiempo, las personas han tenido un acceso intermitente a la energía, o ningún acceso en absoluto, han abocado a esas personas a la pobreza energética, violando así varias disposiciones de la Carta Social Europea.

    En un hecho novedoso, el Comité ha examinado detenidamente la relación entre los derechos humanos y el acceso a la energía. La decisión determina que el «acceso estable, constante y seguro a una energía adecuada» es un requisito previo y un elemento clave para el disfrute de los derechos a la vivienda (artículos 31.1 y 16), la salud (artículos 11.1 y 11.3), la educación (artículo 17.2) y la protección contra la pobreza y la exclusión social (artículos 30, 23 y 15.3), entre otros, en virtud de la Carta Social Europea. Para ser «adecuada» a efectos de la Carta, la energía debe ser asequible, limpia y sostenible. Desde la perspectiva procesal, cabe señalar, también, la participación de la Defensoría del Pueblo de España en el procedimiento seguido ante el Comité, al aportar sus observaciones como tercera parte en el litigio. 

    Esta decisión tiene su origen en la demanda colectiva presentada, en 2022, por cinco organizaciones sociales, tanto de España como de nivel europeo. La demanda alegaba que la situación creada por los cortes del suministro eléctricos en la vida de al menos 4.500 habitantes, entre ellos unos 1.800 niños, de la Cañada Real, constituía una violación de varias disposiciones de la Carta Social Europea. 

    En todo caso, no es la primera vez que el Comité Europeo de Derechos Sociales se pronuncia sobre este asunto, ya que, esta misma demanda logró que, en octubre de 2022, el Comité indicara “medidas inmediatas” instando a España a restablecer de inmediato el suministro eléctrico para evitar un daño grave e irreparable a la integridad las personas que viven en dicho barrio de Madrid (ver nota publicada por el Ararteko a este respecto). 

  • El 7 de febrero de 2025, la UNESCO ha publicado el informe "Bicicleta para todos", en el que hace hincapié en la importancia de este medio de transporte en la promoción de estilos de vida saludables y sostenibles. El documento subraya el impacto positivo de la bicicleta en la movilidad urbana, en la reducción de emisiones contaminantes y en la mejora de la salud pública, posicionándola como una herramienta clave en la lucha contra el cambio climático y en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible.

    El informe destaca la necesidad de que los gobiernos e instituciones impulsen políticas de movilidad activa, desarrollen infraestructuras seguras para los ciclistas y garanticen el acceso equitativo a este medio de transporte. Además, la UNESCO pone en valor el papel de la bicicleta en la educación, la equidad de género y la inclusión social.

  • El Ararteko se suma a esta declaración de la ENOC, que considera necesario establecer garantías eficaces para asegurar la protección efectiva de los derechos de estos menores, ya que el Pacto suscita preocupación por el trato que pudieran recibir en las fronteras europeas.

    La Red Europea de Defensorías de Infancia (ENOC), que agrupa a 44 organismos de defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes de 34 países de Europa, ha expresado de manera reiterada y persistente su preocupación por la situación de las niñas, niños y adolescentes migrantes, emitiendo una serie de recomendaciones relativas a ellos y a la necesidad de aumentar la protección de sus derechos de conformidad con la normativa internacional y regional.

    Desde 2015, millones de niños, niñas y adolescentes han llegado a Europa en busca de seguridad y protección. Desde 2020 se han registrado más de 800.000 nuevas solicitudes de asilo de menores de edad en los países de la Unión Europea (UE), de las cuales, más de 113.000 corresponden a menores no acompañados o separados de sus familias.

    Ahora que los Estados miembros de la UE se preparan para aplicar el Pacto sobre Migración y Asilo adoptado el 10 de abril de 2024, ENOC considera necesario establecer garantías eficaces para asegurar la protección efectiva de los derechos de estos niños, niñas y adolescentes, ya que el Pacto suscita preocupación por el trato que pudieran recibir en las fronteras europeas.

    A menos que los mecanismos de reparto de responsabilidades y solidaridad previstos por el Pacto sean realmente eficaces, éste no resolverá la "presión" sobre los Estados de primera entrada. Para mitigar el riesgo de que se produzcan vulneraciones de los derechos humanos en las fronteras y de que se erosione aún más el derecho a solicitar asilo, se deben establecer suficientes garantías de los derechos humanos, incluidos mecanismos de supervisión eficaces e independientes, evaluaciones cuidadosas de la vulnerabilidad y derivación rápida a servicios adaptados (como servicios de protección a la infancia y asistencia sanitaria), provisión de información crítica y asistencia jurídica, sistemas para la investigación nacional rápida y eficaz de presuntos malos tratos.

    La UE y sus Estados miembros deben dar prioridad a las inversiones económicas y operativas para dotar adecuadamente de recursos a los sistemas nacionales de asilo y acogida. En lugar de intentar disuadir a toda costa a la gente de llegar a Europa, los Estados deberían centrarse en defender los derechos fundamentales y la dignidad de las personas.

    El Ararteko, miembro de la red ENOC, se suma a esta declaración institucional ad hoc sobre la protección de sus derechos. 

    DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA ENOC

    Vitoria-Gasteiz, 12 de febrero de 2025

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