OFICINA DE ASUNTOS EUROPEOS E INTERNACIONALES

En Europa, cada vez más personas LGTBI se sienten libres para manifestar abiertamente quiénes son. Al mismo tiempo, se enfrentan, sin embargo, a cada vez más violencia, acoso e intimidación, en especial las personas LGTBI más jóvenes. Esta es la principal conclusión del informe “La igualdad de las personas LGTBIQ ante una encrucijada: avances y retos” publicado (en inglés), el 14 de mayo de 2024, por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA).

El informe recoge las experiencias, las opiniones y los retos a los que se enfrentan las personas LGTBI en Europa, sobre la base de las respuestas obtenidas de la encuesta, en la que han participado más de 100.000 personas LGTBI de los 27 países miembros de la Unión Europea, Albania, Macedonia del Norte y Serbia. El estudio también destaca los cambios que se han producido desde las anteriores encuestas de la FRA en 2019 y 2012.     

En Europa, los avances en materia de garantía y protección de los derechos de las personas LGTBI parecen ser lentos pero graduales. Más de la mitad de las personas LGTBI manifiesta abiertamente su orientación sexual, identidad de género y características sexuales. No obstante, la mayoría de ellas sigue evitando ir de la mano con su pareja en público por miedo a ataques. Aunque la discriminación contra las personas LGTBI sigue siendo invisible (el fenómeno de la infradenuncia persiste) y elevada, los datos muestran un descenso paulatino. Sin embargo, la violencia, el acoso y la intimidación han alcanzado niveles más elevados que en anteriores encuestas. En lo que respecta el apoyo institucional, solo una de cada cuatro personas considera que sus gobiernos combaten los prejuicios y la intolerancia contra las personas LGTBI, lo que supone un descenso en comparación con las cifras del 2019. En todo caso, destaca la percepción positiva respecto a los centros educativos, cuando las personas LGTBI jóvenes afirman sentirse más apoyadas por el profesorado y el alumnado, además de destacar que las escuelas tratan las cuestiones LGTBI de forma más positiva y proactiva.

El informe también subraya que las experiencias de las personas LGBTI varían de forma significativa entre los países de la UE, y que cada grupo se enfrenta a retos diferentes. Así, las personas intersexuales, trans, no binarias y con diversidad de género sufren más acoso y violencia. Es más probable que sufran problemas de salud mental y tengan pensamientos suicidas. También tienen más probabilidades de quedarse sin hogar y de tener dificultades para acceder a la atención médica. Lo mismo ocurre con las personas LGBTI con discapacidad, con dificultades económicas o miembros de grupos étnicos o raciales u otros grupos minoritarios. 

Las respuestas obtenidas en España muestran gran coincidencia con respecto a la media del conjunto de la UE, si bien destacan diferencias relativas a algunas cuestiones. Por un lado, se distingue, de forma positiva, una mayor apertura entre las personas LGTBI para manifestar abiertamente su orientación e identidad sexual, y un menor porcentaje de personas que evitan ir de la mano con su pareja en público. En la vertiente negativa, destaca, de forma relevante, una mayor percepción de que la violencia, los prejuicios y la intolerancia contra las personas LGTBI han aumentado en los últimos años. Si bien sobresale la sensación de que las autoridades públicas combaten los prejuicios y la intolerancia con eficacia, una cifra que dobla la media europea (con un 58%). En el ámbito educativo, parece haber un mayor número de estudiantes que esconden su identidad LGTBI en el aula, en comparación con el resto de la UE, al tiempo que se siente, levemente, un mayor apoyo y protección en la escuela de sus derechos como personas LGTBI. En todo caso, hasta un 66% de las personas LGTBI encuestadas asegura que en su centro educativo nunca se ha hablado de temas relacionados con las personas LGTBI.

En este contexto, la FRA hace un llamamiento a los Gobiernos para actuar en los siguientes términos:

• Discriminación: abordar la discriminación en todos los ámbitos mediante la transposición de la Directiva de la UE sobre igualdad de trato y las Directivas sobre normas de los organismos de igualdad (ver la última nota del Ararteko sobre estas directivas). Capacitar y dotar de recursos adecuados a los organismos de igualdad para que puedan apoyar mejor a las víctimas.
• Educación: hacer que las escuelas sean entornos de aprendizaje seguros y favorables para todas las niñas, niños y adolescentes. Abordar el acoso escolar y garantizar que los planes de estudio y los sistemas educativos se basen en las mejores prácticas promovidas por la UE.
• Sanidad: garantizar el acceso a una asistencia sanitaria de calidad, incluido el apoyo a la salud mental. Acabar con las prácticas de "conversión" y las intervenciones médicas no vitales.
• Odio en línea: hacer frente al odio en línea y a las campañas de desinformación contra las personas LGBTI. Abordar el riesgo de sesgo en los algoritmos y garantizar la responsabilidad de las plataformas digitales en virtud de la legislación de la UE.
• Delitos de odio: imponer una cultura de tolerancia cero frente a la violencia y el acoso contra las personas LGBTI. Invertir en formación policial para garantizar que identifiquen, registren e investiguen adecuadamente los delitos motivados por el odio hacia las personas LGBTI, de modo que las víctimas se sienten seguras para denunciar las agresiones y reciban un trato justo. En los procesos penales, considerar los prejuicios como factores agravantes del delito.

El 7 y 14 de mayo de 2024, el Consejo de la Unión Europea adoptó dos Directivas que establecen estándares mínimos y vinculantes que los organismos para la promoción de la igualdad de trato deben cumplir, para prevenir la discriminación, promover la igualdad, asistir a las víctimas de discriminación y restablecer la justicia:

• la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas relativas a los organismos de igualdad en el ámbito de la igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y hombres en asuntos de empleo y ocupación; y,
• la Directiva del Consejo sobre normas relativas a los organismos de igualdad en el ámbito de la de la igualdad de trato entre las personas independientemente de su origen racial o étnico, la igualdad de trato en el ámbito del empleo y la ocupación entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, la igualdad de trato entre mujeres y hombres en materia de seguridad social y en el acceso a bienes y servicios y su suministro.

El impulso de la UE a favor de la creación de los organismos de igualdad se remonta a la primera década de los 2000, cuando la legislación de la UE introdujo la obligación de designar organismos de promoción de la igualdad. Así, de la mano de las Directivas de la UE sobre igualdad racial (Directivas 2000/43/CE y 2004/113/CE) e igualdad de mujeres y hombres (Directivas 2006/54/CE y 2010/41/UE), todos los países de la UE cuentan con organismos de igualdad. En Euskadi, Emakunde promueve, como organismo autónomo vinculado al Gobierno Vasco que nació con anterioridad a esas directivas europeas, la igualdad de mujeres y hombres.   

No obstante, dichas Directivas se limitaban a prever la creación de organismos de igualdad y a atribuirles funciones mínimas, y dejaron un amplio margen de discrecionalidad a los Estados para definir su estructura y su funcionamiento. Como resultado, en los Estados de la UE existen diferencias significativas en lo que respecta a la independencia, las competencias y los recursos asignados a dichos organismos, lo que, a su vez, conlleva un sistema de protección contra la discriminación asimétrica, con grandes diferencias de un Estado a otro.

Por ello, con la mirada puesta en reforzar el sistema de la promoción de la igualdad en la UE, las Directivas recién aprobadas tienen por objeto establecer requisitos mínimos para el funcionamiento de los organismos para la promoción de la igualdad de trato, que mejoren su eficacia y garanticen su independencia, con el fin de reforzar la aplicación del principio de igualdad de trato. Cabe destacar la mención que hacen las Directivas a la Recomendación núm. 2 de Política General de 2017 del Comité contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa (ECRI) y a los Principios de Paris de 1993 de Naciones Unidas, como estándares inspiradores para la elaboración de los criterios vinculantes.

Del examen de los estándares vinculantes de las Directivas, cabe destacar, especialmente los siguientes aspectos:

• Independencia y posición institucional: El organismo debe ser independiente y libre de influencia externa, sin solicitar ni aceptar instrucciones del Gobierno, y debe contar con una estructura interna propia (artículo 3.1). Los organismos pueden formar parte de otro organismo con mandato múltiple —como las defensorías y las Instituciones nacionales de derechos humanos—, que tendrán que garantizar el ejercicio efectivo del mandato en materia de igualdad (artículo 3.4).
• Recursos suficientes: Los Estados deberán proporcionar a los organismos los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para ejercer eficazmente todas sus competencias (artículo 4).
• Ámbito material: si bien no hay un artículo específico que aclare el ámbito material de actuación de los organismos, sí que se menciona que sus acciones se extenderán a las entidades públicas y privadas (artículo 5.2)
• Sensibilización, prevención y promoción: los organismos deben tener la facultad de prevenir más eficazmente la discriminación y promover la igualdad, incluyendo la promoción, entre las entidades públicas y privadas, de acciones positivas y la incorporación de la igualdad como principio transversal (artículos 5 y 6).
• Multiplicidad de herramientas: se faculta a los organismos para llevar a cabo investigaciones sobre posibles casos de discriminación (artículos 8.2 y 8.3); emitir decisiones vinculantes o no vinculantes (artículo 9); actuar en procesos judiciales civiles y contencioso-administrativos, así como el derecho a presentar observaciones en procedimientos judiciales, al incoar el proceso a instancia de las víctimas o de oficio (artículo 10, en alusión a la sentencia del TJUE C-54/07); y aplicar métodos de resolución alternativa de litigios, como la mediación y la conciliación (artículo 7).
• Consulta previa en el proceso de elaboración de leyes y políticas: se establecerán procedimientos para garantizar que los Gobiernos y las autoridades públicas consulten a los organismos de igualdad sobre legislación, políticas y programas relacionados con los derechos y obligaciones derivadas de las Directivas de igualdad (artículo 15).

A partir de la entrada en vigor de las Directivas, los Estados tienen de fecha hasta el 19 de junio de 2026 para adoptar las medidas legales, reglamentarias y administrativas necesarias para poner en vigor los estándares relativos a los organismos de igualdad.

El Ararteko se suma al llamamiento de la European Ombudsman animando a la ciudadanía europea a participar en las próximas elecciones europeas, que en Euskadi tendrán lugar el día 9 de junio. 

La importancia de este llamamiento estriba en la clara tendencia a una baja participación en esas elecciones, que puede distorsionar la legitimidad de unas instituciones de la Unión Europea concebidas para la defensa de los valores de convivencia democrática, los derechos fundamentales de las personas y el Estado de Derecho en Europa. 

Las instituciones democráticas fuertes encuentran su legitimación última en la participación ciudadana. Por esa razón, el Ararteko anima en general a la participación ciudadana en todas las convocatorias electorales.

DECLARACIÓN DE LA RED ENO

Vitoria-Gasteiz, 3 de abril de 2024

Este año 2024, el Ararteko están colaborando con el programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina, llamado EUROsociAL- para la promoción de la cohesión social. La contribución del Ararteko se inscribe dentro del área de gobernanza democrática y de la línea de acción de acceso a la justicia del programa. A petición expresa de las autoridades chilenas, el Ararteko está acompañando al Ministerio de Justicia de Chile en el proceso de reforma de la justicia juvenil, singularmente, en la puesta en marchar del Sistema de Reinserción Social Juvenil.  

En concreto, este mes de marzo, el Ministerio ha iniciado un proceso de sensibilización y formación sobre justicia restaurativa y mediación, dirigida a los operadores del sector de justicia (fiscales, jueces, defensores públicos, servicio de reinserción juvenil) de la Macrozona Norte del país, para la derivación y gestión de posibles casos. El responsable del área de justicia del Ararteko acudirá a las conferencias regionales que se celebrarán los días 15, 18 y 20 de marzo en tres zonas del norte de Chile (Antofagasta, Copiapó y Coquimbo), para presentar, ante las autoridades locales, judiciales, operadores jurídicos y personal de reinserción juvenil y mediación, la experiencia del Ararteko en el desarrollo de los estándares y principios europeos e internacionales de la justicia restaurativa y compartir la experiencia de Euskadi en la implantación de un sistema de justicia juvenil restaurativo.

Asimismo, y para dar cierre a esta colaboración, el día 21 de marzo, el Ararteko participará en el Seminario Regional de Justicia Restaurativa para América Latina, que tendrá lugar en la capital del país, Santiago de Chile, y que estará abierto a participantes de toda América Latina. Durante el Seminario Regional, las máximas autoridades (está prevista la asistencia del ministro de Justicia de Chile y de una representación de la Delegación de la UE en Chile, entre otras) debatirán los avances logrados en la puesta en marcha de la justicia restaurativa en el Sistema de Reinserción Social Juvenil de Chile, como país líder en la región. El responsable del área de justicia del Ararteko, en nombre del Ararteko como institución experta en la materia, intervendrá para exponer la adecuación del proceso de reforma chileno a los estándares europeos e internacionales en la materia.

En definitiva, esta contribución del Ararteko a la iniciativa permite a la institución presentar, en la escena internacional, su línea estratégica para la puesta en marcha de prácticas restaurativas en la propia institución del Ararteko, así como compartir el impulso a favor de la justicia restaurativa, como un modelo complementario que dota de calidad al sistema formal de justicia, al atender a las necesidades de las víctimas, fomentar la responsabilización y reeducación de los menores infractores e implicar a toda la sociedad en dichos procesos. Además, dado que el sistema chileno no cuenta con una Defensoría del Pueblo, se ha pedido al Ararteko que acerque a las autoridades chilenas la figura de la institución Ombuds o Defensoría del Pueblo, como institución de gran importancia en la gobernanza democrática.

El 12 de febrero de 2024, la Defensora Europea comunicó al Ararteko su decisión de poner fin a al procedimiento de consulta que se había iniciado ante la Comisión Europea, en agosto de 2023, a petición del Ararteko, con motivo del cierre por las autoridades francesas del puente peatonal transfronterizo entre Irun y Hendaya (ver traducción al español del informe, al final de la noticia). 

Como esta institución informó en su momento, en julio de 2023, el Ararteko llevó a cabo una serie de actuaciones ante la Defensoría de los derechos de Francia y la Defensoría europea, encaminadas a instar a las autoridades francesas la reapertura del puente peatonal entre Irun y Hendaya, habida cuenta de las graves consecuencias que este cierre estaba teniendo para la población residente en los municipios fronterizos. Tras su decisión de admitir a trámite la consulta del Ararteko, la Defensoría Europea cursó una petición de información ante la Comisión Europea, como órgano responsable para supervisar aquellos cierres fronterizos que pudieran excepcionar las reglas ordinarias del Acuerdo de Schengen.

En su respuesta de 19 de septiembre de 2023, la Comisión explicó que corresponde a los Estados miembros decidir el alcance de los controles reintroducidos sobre la base de su experiencia y evaluación de riesgos, lo que puede implicar la restricción de determinados puntos fronterizos a lo largo de una frontera interior, y declaró que son los Estados miembros quienes están mejor situados para determinar la existencia de riesgos y las medidas necesarias para hacerles frente. No obstante, la Comisión concluyó que era consciente del impacto del cierre de fronteras en las regiones transfronterizas y que está ultimando, por ello, una modificación del Código de Fronteras Schengen, para que la decisión de reintroducir controles en las fronteras interiores evalúe también el impacto en las regiones transfronterizas.

El Ararteko comunicó a la Defensoría europea que su intervención y las explicaciones proporcionadas por la Comisión Europea respondían adecuadamente a su consulta y mostró su satisfacción porque, de hecho, se había reabierto el puente transfronterizo a finales de octubre de 2023 (es decir, tras la intervención llevada a cabo por la Ombudsman Europea ante la Comisión Europea). Teniendo en cuenta todos estos elementos, en febrero de 2024, la Defensora Europea decidió poner fin a su intervención y así lo ha comunicado al Ararteko.  

El Ararteko valora muy positivamente el proceso de consulta llevado a cabo ante la Defensora Europea, que motivó su intervención ante la Comisión Europea en este asunto, con el impacto práctico de la apertura del puente fronterizo en octubre de 2023.

El 25 de octubre de 2023, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) publicó su segundo informe “Ser una persona negra en la UE”, que recoge las experiencias de las personas afrodescendientes en Europa. El primer informe de 2018 puso de manifiesto el racismo generalizado y arraigado que existe en Europa contra personas afrodescendientes, y este segundo informe de la FRA aporta nuevos datos para revelar las crecientes experiencias de discriminación y violencia que sufren las personas migrantes y descendientes de personas migrantes de ascendencia africana -África subsahariana- residentes en 13 países de la UE, incluyendo España.

El informe destaca que los 5 años que separan esta investigación desde la primera edición han estado marcados por el movimiento Black Lives Matter y la movilización mundial para hacer frente al racismo y promover la justicia racial. Además, se ha avanzado en el ámbito institucional con la adopción por la Comisión Europea de su primer plan de acción de la UE contra el racismo (2020-2025). No obstante, en palabras del director de la FRA, Michael O’Flaherty, “resulta sorprendente no ver ninguna mejora. Por el contrario, las personas afrodescendientes sufren cada vez más discriminación solo por el color de su piel.” Las principales conclusiones apuntan lo siguiente:

• Discriminación racial - El 45% de las personas encuestadas dice haber experimentado discriminación racial en los últimos 5 años, lo que supone un claro incremento respecto al 39% del último estudio. Además, la discriminación sigue siguiendo invisible, con sólo el 9% de las víctimas que denuncian estos incidentes, y siendo muy pocas las denuncias ante un organismo de igualdad. En España, tan solo un 4% de las personas encuestadas habían denunciado o presentado una queja tras haber sufrido un incidente racista. Además, destaca el desconocimiento sobre los organismos de igualdad u organizaciones de apoyo especializada.
• Acoso racista - El 30% de las personas afrodescendiente afirma haber sufrido acoso racista, y la mayoría de las víctimas de violencia racista sufren problemas psicológicos derivados del acoso y temen volver a ser agredidas. En este apartado, España destaca por estar entre los países con el porcentaje más bajo de personas preocupadas por la posibilidad de sufrir acoso o violencia racista en público.
• Uso de perfiles raciales o étnicos por parte de la policía - Más de la mitad de los afrodescendientes creen que su última detención policial fue resultado del uso de perfiles raciales. España, después de Italia, es el país con las tasas más elevadas de caracterización racial por la policía. 
• Empleo - Muchas personas afrodescendientes ocupan trabajos de baja cualificación, y una de cada tres tiene un contrato temporal y carece de seguridad laboral. España tiene las tasas más bajas de trabajo remunerado entre las personas afrodescendientes; destaca por la brecha salarial entre mujeres y hombres (25 puntos); y por ser el país con el mayor porcentaje de contratos temporales (45%). Además, España y Suecia destacan por los malos datos respecto al número de personas jóvenes (16-24 años) encuestadas que ni trabajan, ni estudian, ni reciben formación, que supone aproximadamente el doble respecto a la población general.  
• El aumento de la inflación y del coste de la vida ha colocado a las personas afrodescendientes en una situación de mayor riesgo de pobreza que la población general. Un tercio tiene dificultades para llegar a fin de mes. En España, casi la mitad de las personas encuestadas tuvo (grandes) dificultades para llegar a fin de mes.

En el informe, la Agencia emite una serie de recomendaciones dirigidas a los países de la UE con el fin de contribuir a combatir el racismo y la discriminación de manera efectiva. Cabría destacar, entre todas ellas, las siguientes:

• Aplicar adecuadamente la legislación contra la discriminación, así como sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias.
• Identificar y registrar los delitos motivados por el odio, y considerar la motivación sesgada como circunstancia agravante a la hora de determinar las sanciones.
• Recopilar datos sobre igualdad, incluidos los relativos al "origen étnico o racial", para evaluar la situación y supervisar los progresos realizados.
• Garantizar que los organismos de igualdad cuentan con los mandatos y recursos necesarios para hacer frente a la discriminación y apoyar a las víctimas.
• Adoptar medidas para prevenir y erradicar las prácticas y la cultura institucional discriminatoria en el ámbito policial, basándose en la guía de la FRA sobre la prevención de la elaboración de perfiles ilegales (2018).
• Desarrollar políticas específicas para abordar el racismo y la discriminación racial en la educación, el empleo, la vivienda y la atención sanitaria.

Este año, el Ararteko ha publicado el estudio sobre “Discriminación y políticas públicas antidiscriminatoria en la CAE”, con el propósito de llamar la atención sobre la necesidad de políticas públicas de lucha contra la discriminación y el racismo en Euskadi. El estudio del Ararteko coincide con el informe de la FRA, al destacar las dificultades en el acceso a una vivienda para colectivos que sufren discriminación y riesgo de segregación residencial. Asimismo, las recomendaciones de ambos estudios coinciden al insistir, entre otras cuestiones, en la conveniencia de dar prioridad a medidas de prevención, protección y reparación frente a conductas discriminatorias, de manera complementaria a la reclamación administrativa o a la denuncia ante órganos judiciales; en la necesidad de información, asesoramiento y acompañamiento de las personas susceptibles de sufrir discriminación y de las víctimas de incidentes discriminatorios o racistas; en la importancia de elaborar medidas específicas relativas a la identificación de las personas por la policía; y, finalmente, al llamar la atención sobre la exigencia de elaborar estudios diagnóstico para el diseño de políticas públicas y recopilación de datos desagregados sobre igualdad.