OFICINA DE ASUNTOS EUROPEOS E INTERNACIONALES

El 23 de octubre, el Tribunal de Estrasburgo emitió su decisión en el asunto A.J. y L.E. contra España (demandas nº 40312/23 y 40388/23), en la que condena a España por no llevar a cabo una investigación eficaz en el caso de dos mujeres que denunciaron haber sido violadas por sumisión química. El Tribunal concluye que los fallos en la investigación constituyeron una vulneración —en su vertiente procesal— de la prohibición de tratos inhumanos y degradantes y del derecho a la vida privada de las demandantes, protegidos por los artículos 3 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

Los antecedentes del caso se remontan al 2016, cuando las demandantes denunciaron haber sido víctimas de violación por sumisión química en Pamplona. El centro de salud al que acudieron activó el protocolo de agresión sexual y notificó los hechos a la Policía Nacional. La policía abrió una investigación y los sospechosos fueron detenidos, reconociendo haber mantenido relaciones sexuales, pero alegando que fueron consentidas. En el curso de la investigación, se descubrió que uno de los acusados era cuñado de un agente de la propia unidad investigadora, y que durante el proceso se perdieron o manipularon pruebas clave. 

En el proceso penal, el juzgado instructor, a pesar de considerar creíbles los testimonios de las demandantes, decidió no procesar a los sospechosos por falta de pruebas concluyentes. Si bien se abrieron causas separadas por las irregularidades en el manejo de las pruebas, ninguna prosperó. Años más tarde, la causa principal se archivó definitivamente al no haberse acreditado más allá de toda duda razonable la administración de sustancias o la falta de consentimiento. Pese a que los tribunales reconocieron que la investigación se vio “notablemente afectada” por las irregularidades y la desaparición de pruebas digitales, concluyeron que las diligencias habían sido exhaustivas. 

En su decisión, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluye que las autoridades españolas no llevaron a cabo una investigación eficaz, en particular debido a la pérdida y manipulación sistemática de pruebas potencialmente cruciales, a la insuficiente garantía de independencia en la investigación y a una respuesta manifiestamente inadecuada frente a esas deficiencias, que superaban los “errores aislados” o las omisiones menores en la investigación. Las actuaciones realizadas por las autoridades no lograron compensar la pérdida de pruebas que eran centrales para las denuncias de sumisión química. Además, las investigaciones sobre la posible mala conducta policial se iniciaron solo después de un tiempo considerable y fueron confiadas a los mismos órganos judiciales y policiales que habían supervisado la investigación original.

El 7 de octubre de 2025, el Consejo de Europa adoptó la Recomendación CM/Rec(2025)7 del Comité de Ministros sobre la igualdad de derechos de las personas intersexuales. La recomendación, que propone un enfoque integral para la protección, el respeto y el disfrute en igualdad de los derechos de las personas intersexuales, busca completar y ampliar la Recomendación CM/Rec(2010)5 sobre las medidas para combatir la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.

La Recomendación hace un llamamiento claro a las autoridades para que adopten leyes y políticas públicas que prohíban las intervenciones médicas no consentidas y garantizar que cualquier intervención en niños y niñas intersexuales se posponga hasta que puedan decidir por sí mismos. También recomienda proporcionar un acceso equitativo a la atención médica, así como prevenir la violencia, la discriminación y la exclusión de las personas intersexuales en todos los ámbitos de la vida.

El Consejo de Europa destaca lo siguiente de la Recomendación:

• Reconoce las experiencias, desafíos y vulnerabilidades únicas de las personas intersexuales, incluyendo la discriminación, la estigmatización, la marginación, la exclusión social y la violencia, a menudo arraigadas en la patologización y en los estereotipos relacionados con el sexo, la sexualidad y el género, que afectan gravemente a su bienestar físico y mental.

• Afirma que la protección, el respeto y el disfrute en igualdad de los derechos humanos de las personas intersexuales requieren enfoques integrales y coherentes, que incluyan legislación, políticas y otras medidas de protección adecuadas en todos los sectores, que se apliquen de manera efectiva y se revisen periódicamente, con el apoyo de la recopilación y el análisis de datos.

• Destaca la importancia de la participación significativa de las personas intersexuales y de sus organizaciones, junto con los esfuerzos sostenidos de los Estados y la cooperación con las instituciones y la sociedad civil en todos los niveles.

• Promueve el diálogo y la cooperación a nivel nacional, europeo e internacional para avanzar en la igualdad y la dignidad de las personas intersexuales.

El memorando explicativo que suele acompañar a las recomendaciones destaca que España es uno de los pocos Estados miembros que ha adoptado legislación específica para restringir los tratamientos y/o intervenciones médicas o quirúrgicas en ausencia del consentimiento específico, pleno, libre e informado de la persona intersexual afectada (en alusión al artículo 19 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI). También subraya que España se encuentra entre los países que protege explícitamente a las personas intersexuales contra la discriminación en el empleo, así como a la prestación de bienes y servicios, mediante la inclusión de la característica del sexo como motivo protegido.   

El 23 de julio de 2025, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió la tan esperada Opinión consultiva sobre las obligaciones de los Estados en relación con el cambio climático. Las opiniones consultivas del CIJ, a pesar de no tener fuerza vinculante, tienen una relevancia legal de primer orden. La opinión se adoptó por unanimidad, algo que, simbólicamente resulta significativo, ya que son escasas las veces en las que las decisiones de la Corte se adoptan sin votos particulares discrepantes. En todo caso, y a pesar de que la opinión ha sido generalmente descrita como “victoria histórica”, cabe reseñar que, de los 15 jueces que componen la Corte, 11 emitieron votos particulares o declaraciones, en muchos casos para expresar su descontento por la falta de ambición, la vaguedad o el alcance limitado de la opinión.

Tal y como se analiza en esta reflexión, en su opinión, la CIJ establece que los Estados tienen obligaciones vinculantes derivadas tanto de los tratados internacionales sobre cambio climático, como del derecho internacional consuetudinario, particularmente en lo relativo al deber de prevenir daños significativos al medio ambiente. Además, la Corte afirma que cualquier incumplimiento de estas obligaciones constituye un hecho internacionalmente ilícito que puede comportar la responsabilidad de los Estados y su deber de reparación del daño. 

Origen y contexto de la opinión consultiva

Una campaña liderada por jóvenes y adolescentes, encabezada por el Estado insular de Vanuatu, impulsó la adopción de la Resolución 77/276 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por la que se solicitó a la CIJ que aclarara dos cuestiones fundamentales:

1. Las obligaciones de los Estados para garantizar la protección del sistema climático y de otros aspectos del medio ambiente frente a las actividades humanas que contribuyen al cambio climático.

2. Las consecuencias jurídicas que se derivan del incumplimiento de dichas obligaciones.

La Corte aceptó pronunciarse a este respecto, reconociendo que el cambio climático supone un “desafío sin precedentes de proporciones civilizatorias”, e incorporando a sus consideraciones el consenso científico establecido por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). Cabe precisar que el objeto del examen no era declarar que un Estado en particular hubiera violado el derecho internacional, sino identificar las obligaciones internacionales que rigen la conducta ­—actos y omisiones— que causa el cambio climático, así como las consecuencias jurídicas que se derivan de su incumplimiento.

Cuestiones a destacar

• Lex specialis no desplaza el Derecho Internacional general.- La Corte determina que las normas más relevantes para determinar las obligaciones de los Estados son las contenidas en los tratados sobre cambio climático, pero que éstas deben interpretarse a la luz de otros instrumentos del derecho internacional, como los derechos humanos, el derecho internacional consuetudinario sobre la debida diligencia y el derecho general sobre la responsabilidad de los Estados. Asimismo, señala que las obligaciones establecidas en los tratados sobre cambio climático pueden, a su vez, influir el contenido del derecho consuetudinario. En este sentido, la Corte se decanta por adoptar una visión holística de las fuentes del derecho internacional aplicables, en contra de la postura defendida por los grandes Estados emisores, que han propugnado una interpretación restrictiva de las obligaciones dimanantes del Acuerdo de París y del principio de prevención de daños. 

• Atribución de la responsabilidad y emisiones históricas.- La Corte afirma que los Estados pueden incurrir en responsabilidad por los actos y omisiones de sus órganos, y pueden ser responsables por no ejercer la debida diligencia a la hora de controlar las actividades privadas bajo su jurisdicción, como pudiera ser el caso de las emisiones atribuidas a la actividad de empresas privadas. Destaca que la inacción ante emisiones derivadas de la producción, el consumo, las licencias o los subsidios a combustibles fósiles puede constituir un acto internacionalmente ilícito atribuible al Estado. Además, la Corte reconoce la posibilidad de que varios Estados contribuyan a un mismo daño, y afirma que es científicamente posible determinar la contribución total de cada uno, considerando emisiones históricas y actuales. Confirma que las reglas generales de responsabilidad permiten repartir la responsabilidad entre múltiples autores o, en ciertos casos, exigir la reparación total a uno solo. 

• Causalidad para determinar la reparación.- La Corte aclara que la causalidad no es un requisito general para establecer responsabilidad, salvo que así lo prevea la norma primaria aplicable, pero confirma su relevancia para determinar la reparación. Rechaza la idea de que la complejidad causal del cambio climático imposibilite probar el nexo, que recuerda debe ser “suficientemente directo y cierto” entre el acto ilícito y el perjuicio- estándar que considera flexible para abordar el contexto climático. Aunque reconoce que el vínculo causal puede ser “más tenue” que el que emerge en casos de contaminación local, considera posible establecerlo con base en la ciencia y las circunstancias concretas.

• Obligaciones erga omnes para abrir nuevas puertas.- La Corte determina que las obligaciones de los Estados para proteger el sistema climático y otras partes del medio ambiente frente a emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero tienen carácter erga omnes, es decir, se exigen a la comunidad internacional en su conjunto. Del mismo modo, afirma que las obligaciones derivadas de los tratados sobre cambio climático, como el Acuerdo de París, son erga omnes partes, ya que protegen un interés esencial de todos los Estados, como es la salvaguarda del clima como bien común global. Esta caracterización, de gran alcance, permite que cualquier Estado invoque la responsabilidad de otro por incumplir estas obligaciones, incluso si no ha sufrido un daño directo, reforzando el interés colectivo en su cumplimiento. La consecuencia principal de este reconocimiento es que se abre la puerta a que todos los Estados, no solo los directamente perjudicados, puedan iniciar acciones diplomáticas o incluso litigios ante la propia CIJ, siempre que se cumplan las condiciones de jurisdicción. 

   

Conclusiones

El efecto más notable de la Opinión consultiva del CIJ es que la conducta que contribuye al cambio climático ya no se presume lícita, sino que se examina a través del prisma de los actos internacionalmente ilícitos, con todas las consecuencias jurídicas que ello implica. Dicho de otro modo, se configura un marco en el que esta conducta se considera, en principio, contraria al derecho internacional, salvo que el Estado demuestre una diligencia debida especialmente estricta y constante. Este cambio de paradigma constituye una redefinición fundamental de cómo el derecho internacional regula las acciones que afectan al clima.

Además, cabe señalar que en esta opinión se enfrentaban dos visiones opuestas del derecho internacional: por un lado, la de los grandes emisores, que abogan por un papel más limitado del derecho internacional, defendiendo la primacía del consentimiento y la autonomía estatal; y, frente a ellos, los Estados más vulnerables a los efectos del cambio climático, que propugnan un papel más robusto y expansivo del derecho internacional para afrontar desafíos globales urgentes como el cambio climático, mediante una interpretación holística de los instrumentos internacionales y del deber de prevención. En este caso, la CIJ se inclina por esta segunda visión, al subrayar la amplitud y relevancia del derecho internacional en la respuesta a retos civilizatorios como el cambio climático.

La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (la FRA) ha publicado el “Informe sobre los Derechos Fundamentales 2025”, que ofrece un examen detallado del estado de los derechos fundamentales en la Unión Europea durante 2024 y las perspectivas para el presente año 2025. 

En concreto, el informe alerta sobre una erosión de los derechos en varios frentes, derechos que se ven afectados por un panorama político cambiante. En 2024, las políticas identitarias han alimentado el odio y la intolerancia; la digitalización y la inteligencia artificial, si bien ofrecen oportunidades, han generado sobre todo nuevas amenazas a los derechos fundamentales; y las continuas violaciones de derechos en las fronteras exteriores de la UE, junto con ataques a las organizaciones de la sociedad civil, han socavado los principios democráticos y los derechos humanos más básicos. De cara a 2025, se prevé que el enfoque político en defensa y seguridad, así como los esfuerzos por simplificar y desregular procedimientos, podrían tener un coste en términos de protección de derechos. 

Además, la FRA aporta su análisis sobre aquellas cuestiones que se consideran de especial relevancia. En primer lugar, respecto al ciclo electoral del año 2024, el informe destaca riesgos significativos para la integridad democrática, incluyendo la manipulación y desinformación en redes sociales y mediante el uso de IA durante los procesos electorales, así como actos de violencia e intimidación que se registraron en un clima político polarizado. También se observa que la composición del Parlamento Europeo no refleja adecuadamente la diversidad social, con baja representación de mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y minorías. 

La FRA también se detiene en la cuestión de la violencia machista. El informe insiste en que la violencia machista sigue siendo generalizada en la UE, y alerta de que muchos casos no llegan al conocimiento de las autoridades. Aunque varios Estados han adoptado definiciones de los delitos sexuales basadas en el consentimiento, la FRA señala que se requiere más acción, especialmente frente a la ciber violencia y la misoginia en las redes sociales.

Por último, el informe aborda el estado de aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. La FRA detecta una baja visibilidad de la Carta frente a otras herramientas, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y hace un llamamiento para que se fortalezcan las capacidades de todas aquellas personas responsables de su aplicación, incluidas las instituciones nacionales de derechos humanos y los organismos de igualdad. 

El 26 y 27 de mayo, dos técnicas de infancia y de asuntos europeos e internacionales del Ararteko participaron en Luxemburgo en el Seminario de primavera de la Red Europea de Defensorías de Infancia-ENOC, organizada por la Defensoría de Infancia de Luxemburgo. 

El primer día del seminario estuvo dedicado a la protección y promoción del derecho de la infancia a la salud física, que representa el tema central del trabajo de ENOC para 2025. Así, representantes de las defensorías de infancia y adolescencia de Europa reflexionaron sobre el acceso a los servicios de salud física de los niños y las niñas y las herramientas existentes para promover un estilo de vida saludable.  

El segundo día del seminario, las defensorías abordaron el tema de la guarda y el cuidado de calidad de los niños y las niñas solicitantes de asilo en el contexto del Pacto de la UE sobre migración y asilo, en colaboración con la Red Europea para la Migración-EMN. Las técnicas del Ararteko, junto con representantes de la Síndic de Greuges de Cataluña y la Defensoría de Andalucía (ambas instituciones también miembros de ENOC), y con la colaboración de la Diputada del Común de Canarias, intervinieron como ponentes en una mesa dedicada a los retos a los que se enfrenta el cuidado de calidad de los niños y las niñas migrantes y solicitantes de asilo en el territorio español, en especial, atendiendo a las obligaciones que competen a las administraciones públicas de Andalucía, Cataluña, Euskadi y las Islas Canarias.