Acceso de la población inmigrante en la comunidad autónoma vasca a los servicios y prestaciones

RELEVANCIA SOCIAL Y OBJETIVO DEL ESTUDIO

La opinión pública en general (y también la sociedad vasca en su conjunto) cree que el colectivo migrante hace un uso intensivo de los servicios sociales, incluso un abuso de estos servicios. Mucho se dice, entre los estereotipos erróneos de la población autóctona, que las personas inmigrantes extranjeras viven de las ayudas sociales en vez de trabajar. El discurso nacional-familista de "primero los de casa" se instala con fuerza entre la opinión pública y aumenta ante la actual situación de crisis económica. Esta percepción de amenaza tiene, además, un impacto en la valoración acerca de los derechos que la población está dispuesta a compartir.

Ante estos discursos y, partiendo una hipótesis inversa en la que desde SOS RACISMO considerábamos que no solo no se estaban beneficiando más, sino que tenían dificultades añadidas para acceder a estas prestaciones, creímos relevante analizar el acceso por parte de la población inmigrante a los servicios y prestaciones sociales en la CAPV, así como descifrar las dificultades y limitaciones legales con las que se encuentra este colectivo, en especial, el de las personas extranjeras en situación administrativa irregular. Así se hizo con el apoyo de una beca de investigación del ARARTEKO.

METODOLOGÍA

Se recurrió a una metodología que combinó la revisión de fuentes secundarias, tanto teóricas como de carácter legislativo, la exploración cuantitativa a través de la explotación estadística de datos recabados por IKUSPEGI, fuentes de la Seguridad Social y del INEM, así como de la administración foral de Gipuzkoa y entrevistas con agentes sociales de la CAPV y personas extranjeras que han encontrado dificultades en el acceso a las prestaciones.

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

Existen estudios previos que se han dedicado a cuantificar el uso de los servicios sociales que demuestran que la población inmigrante no hace un uso mayor de estos servicios, sino que, además, concluyen que la población inmigrante aporta al Estado de bienestar más de lo que recibe. Son una minoría las personas inmigrantes que se están beneficiando o se han estado beneficiando de las distintas prestaciones económicas que las administraciones locales, forales, autonómicas y estatales ofrecen a las personas que residen y están empadronadas en nuestros ayuntamientos, territorios históricos, comunidad o Estado.

Este dato nos lleva a una primera reflexión: la supuesta sobrerrepresentación del colectivo inmigrante en el uso de los servicios sociales debe ser refutada con estudios y datos objetivos. Es un tema de extraordinaria sensibilidad social el uso (y abuso) de los servicios sociales.

Pero si nos centrarnos exclusivamente en los aspectos monetarios el resultado puede quedar lastrado por una visión utilitarista de la inmigración. Por ello, nuestro estudio va más allá y se centra en las dificultades de día a día que tiene la población extranjera en el acceso a los servicios y prestaciones sociales. La irregularidad administrativa, la falta de contratos de alquiler como requisito para acceder a la Renta de Garantía de Ingresos, o verdaderos problemas de derecho internacional privado que surgen a la hora de abordar la situación familiar en el país de origen, son algunos de los problemas añadidos que tiene el colectivo inmigrante respecto al autóctono a la hora de acceder a Los servicios sociales.

Además, cabe destacar el recorte y endurecimiento de los trámites para beneficiarse de los recursos, debido a la ampliación de los tiempos de empadronamiento y la limitación en el acceso a una buena parte de ellos a la población en situación jurídico administrativa legal. El itinerario de inserción social para aquellas personas que aún no cumplen los tiempos mínimos de empadronamiento para poder acceder a los recursos y prestaciones del ámbito público, y que carecen de ingresos, pasa por acceder a recursos muy básicos donde se cubren necesidades básicas de alimentación, limpieza de ropa y, acceso con plazas limitadas a albergues de invierno. Esa exigencia de la residencia legal entra en contradicción con los propósitos de la ciudadanía de hecho que desarrolla el Plan Vasco de Inmigración, lo cual cercena el acceso de la población inmigrada en igualdad de condiciones, independientemente de su situación de regularidad jurídica, a los derechos de cualquier ciudadano o ciudadana.

En consecuencia, como reflexión final, proponemos tres retos para el acceso de la población inmigrante de Euskadi a los servicios sociales:

1. Adaptabilidad. Una de las conclusiones de este estudio es la necesidad de adaptación que tienen los servicios sociales al colectivo inmigrante, con problemáticas específicas. En definitiva, combinar la igualdad con la equidad.

2. Pedagogía. Tal como apuntábamos al comienzo de esta reflexión, las instituciones públicas se enfrentan al reto de desmontar determinados estereotipos y prejuicios asentados en la opinión pública. El recorte en los derechos a las prestaciones sociales para la población inmigrante y los mensajes alarmistas de fraude y abuso de los servicios van en la dirección opuesta a esta labor pedagógica que proponemos. La consecuencia última de estos mensajes es una erosión y una pérdida de confianza en el propio sistema que afectará a toda la sociedad vasca en general.

3. En todo caso, lo anterior no es suficiente si las instituciones no realizan una apuesta clara por fortalecer el Estado de bienestar, máxime en estos tiempos de fuerte crisis económica. Justo antes de que la crisis se reflejara en toda su crudeza en Euskadi, se aprobaron varias leyes que positivaban como derechos lo que antes eran prestaciones sujetas a contingencias presupuestarias. Somos conscientes del importante reto que supone aplicar estas normas en las actuales circunstancias; pero frente a cambios legislativos restrictivos y tentaciones excluyentes existe un hecho que es incontestable: la inmigración es un elemento estructural de la sociedad vasca, su proyecto migratorio es de asentamiento y aspiran a ser ciudadanas y ciudadanos de este país con los mismos derechos y obligaciones.

Tal como se señala en el estudio publicado por la Fundación La Caixa Inmigración y Estado de bienestar en España, la inmigración nos posiciona frente a las debilidades estructurales de nuestro propio régimen de bienestar, mostrándonos sus fortalezas y sus debilidades. La inmigración supone, por tanto, no solo un reto, sino también una oportunidad para identificar los puntos débiles de nuestro sistema de protección social y articular soluciones que beneficien a toda la población. En este reto la inmigración no es el problema, es parte de la solución.

Donostia-San Sebastián, 1 de diciembre de 2011