Artículo de opinión del ararteko Iñigo Lamarca en el Día Internacional del Inmigrante

En el día internacional del inmigrante me sumo a las iniciativas que promueven la ratificación de la Convención sobre Derechos de las Personas Migrantes y sus Familiares de las Naciones Unidas. Quiero con ello reconocer la labor que las personas inmigrantes realizan en nuestra sociedad y demandar la protección de sus derechos. Los Estados y todas las Instituciones Públicas deben avanzar en el reconocimiento y protección de los derechos de las personas inmigrantes para llenar de contenido la Declaración de Derechos Humanos, cuyo 60 aniversario acabamos de celebrar. Esta celebración tiene sentido si se concreta en mayor protección para las personas en situación de vulnerabilidad social porque, como
señalé el pasado 10 de diciembre en un artículo con ocasión del aniversario, sin garantías no hay derechos.

Hay una frase muy conocida y de gran calado que describe el hecho inmigratorio:

“Necesitábamos trabajadores, pero vinieron personas”. A Euskadi las personas que han venido han sido sobre todo mujeres, que trabajan en el sector doméstico. Nuestra sociedad necesita a estas mujeres para que podamos trabajar, formarnos, tener ocio, pero también tener atendida la casa, a los hijos, a los mayores. Estas trabajadoras no tienen la protección social que otros trabajadores/as, porque no les corresponde el Régimen General de la Seguridad Social. Tampoco tienen el mismo derecho a vivir en familia porque deben cumplir unos requisitos y unos trámites muy rigurosos que les dificulta la reagrupación familiar.

A todo ello se les suma el aislamiento, el choque cultural, la sensación de culpa por tener que dejar a sus hijos en el país de origen, la inseguridad y precariedad laboral, los problemas de infravivienda y de residir en barrios degradados… Estas mujeres están soportando una sobrecarga de responsabilidades y de problemas sin ningún apoyo. La Unión Europea y los gobiernos europeos se han reunido estos meses y han llegado a acuerdos para fortalecer las fronteras y establecer políticas de inmigración que den “seguridad”: ni el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, ni la Directiva del Retorno de la Unión Europea ni la modificación anunciada de la
Ley sobre derechos y deberes de las personas extranjeras y su integración social en España reconocen su aportación o toman conciencia de la importancia que adquiere su protección social y jurídica. De lo único que hablan y llegan a acuerdos es de reforzar la lucha contra la inmigración irregular o de la necesidad de una nueva regulación que permita favorecer una inmigración frente a otra.

La economía, en cambio, va por su cuenta, demandando trabajadores y trabajadoras inmigrantes, por su menor coste salarial y dando lugar a una feminización de la inmigración. Pero como decía antes: se demanda trabajadoras para el servicio doméstico y vienen mujeres con necesidades, muchas de ellas madres, separadas de sus hijos y sometidas a abusos de empleadores, arrendadores… ¿Estamos a la altura de estas necesidades? ¿Nos interesan en su faceta de personas o de trabajadoras? ¿Las políticas de inmigración son políticas de igualdad? ¿Hay respuestas adecuadas a la violencia que sufren, a la desprotección social, al abuso laboral, a la sobrecarga de trabajo y responsabilidades, a la separación y educación de los hijos….?

Para responder a estas preguntas sólo hay que prestar atención a las reivindicaciones que saltan a la luz, muchas veces unidas a sucesos dramáticos. Me refiero al temor a denunciar la violencia que sufren, a la desprotección laboral, a las dificultades que tienen para estar con sus hijos. En este día he querido reconocer a las mujeres inmigrantes, porque está
demostrado que la mejora de la situación de las mujeres en cualquier sociedad repercute en un bienestar general y porque tenemos pendientes políticas de igualdad que alcancen a las mujeres inmigrantes. Quiero terminar refiriéndome a las reivindicaciones que afectan a todas las personas inmigrantes. Éstas tienen que ver con dar pasos para su participación política, esto es, que se avance en el reconocimiento del derecho al voto de las personas extranjeras y con la incorporación de los Derechos Humanos a las leyes y políticas de inmigración.
Por ello, como he dicho al principio, soy partidario de que se ratifique la Convención sobre Derechos de las Personas Migrantes y sus Familiares. El reconocimiento y protección de derechos con carácter universal sólo puede beneficiar a las sociedades democráticas. Es la única manera de parar los procesos de dualización social, tanto con relación a la sociedad humana que conformamos todos los países como con relación a la sociedad más próxima, la que formamos junto a nuestros nuevos vecinos. Si no, ¿cuántos muros fuera y dentro tendremos
que construir? 

Iñigo Lamarca Iturbe
Ararteko