Declaración Institucional del Ararteko con motivo del Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las Víctimas de la Tortura
Por acuerdo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 26 de junio se celebra el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Al sumarse a esta iniciativa, el Ararteko quiere recordar que no se trata de una declaración académica, un principio teórico cuya aceptación en la práctica haya que dar por descontado en un Estado de Derecho. Representa, por el contrario, una cuestión de la máxima actualidad.
La Declaración Universal de Derechos Humanos proclama, en su artículo 5, que "nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes". El mensaje es claro: la tortura no está justificada nunca, bajo ninguna circunstancia. Y sin embargo, a pesar de los avances que desde entonces ha experimentado este principio, en los últimos diez años asistimos en todo el mundo a continuos intentos de trivializar el maltrato a las personas detenidas y presas, e incluso a defender su uso en aras de la seguridad. Las Naciones Unidas consideraron su deber alertar de este peligro el pasado mes de marzo, en el marco de las sesiones celebradas en Ginebra para la promoción de su Convención contra la Tortura. La preocupación alcanza a todos los países de nuestro entorno, hasta el punto de que la Presidencia de la OSCE para 2014, que recae en Suiza, ha decidido situar la prevención de la tortura en cabeza de sus prioridades en materia de Derechos Humanos.
En el caso español, los informes de los organismos internacionales encargados de esa prevención, tanto desde las Naciones Unidas como desde el Consejo de Europa, coinciden con los de las ONG que trabajan en este campo en describir la situación como preocupante, así como en la insatisfacción por el cumplimiento más formal que real de sus recomendaciones. Lo mismo sucede con las que ha emitido el Ararteko, la última de las cuales tuvo lugar a raíz del Dictamen que, hace ahora un año, hizo público el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en relación con una denuncia presentada por una ciudadana vasca, Dª Maria Atxabal. El Comité declaraba que los hechos ponían de manifiesto una violación del derecho de esta señora a no sufrir torturas, así como que el Estado no había proporcionado a la víctima, y debía hacerlo cuanto antes, una investigación imparcial, efectiva y completa de los hechos, el procesamiento y castigo de sus responsables, y una reparación íntegra por el daño causado, incluyendo medidas de asistencia médica especializada.
Transcurrido un año, ninguna de estas obligaciones ha sido satisfecha. El hecho, con ser grave en sí mismo, debe ser ponderado en el contexto de una serie de informes y resoluciones emitidos desde entonces tanto a nivel español como internacional, y de los que debemos destacar los siguientes:
· Un mes después, fue publicado el Informe sobre la visita a España realizada por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes (CPT), llevada a cabo del 30 de mayo hasta el 13 de junio de 2011. Sus recomendaciones coinciden con las que esta institución viene formulando al respecto: abolición de la incomunicación y, mientras eso no suceda, mayor proactividad para garantizar de forma efectiva los derechos de la persona a la que se aplique, tanto por lo que se refiere al control judicial de la detención, como a los exámenes forenses, materia en que un año más constatamos que el Instituto Vasco de Medicina Legal representa una referencia a emular.
· En octubre publicó su informe el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, quien señala, entre otros preocupantes aspectos, que los malos tratos infligidos por los miembros de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y la impunidad de la que dichos miembros gozan es una cuestión de derechos humanos sumamente inquietante y de larga data en España. Exhorta a las autoridades a que erradiquen la práctica de la detención incomunicada, y recomienda las mismas medidas que el CPT.
· Este mismo mes se ha hecho pública una extensa y pormenorizada sentencia de la Sección 1ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que marca a juicio de esta institución un antes y un después en materia de la garantía judicial de los derechos de las personas detenidas. Más allá del contenido absolutorio del fallo, lo relevante a estos efectos es el razonamiento que lo sustenta, al cuestionar la voluntariedad de las declaraciones autoinculpatorias que varias de las personas acusadas, las cuales denunciaron posteriormente haber sido sometidas a maltrato, habían prestado mientras se encontraban detenidas en régimen de incomunicación.
Todo ello es muestra de la vigencia del llamamiento que esta Defensoría del Pueblo quiere hacer a los poderes públicos para que velen, en cumplimiento del compromiso con las víctimas de todas las violaciones de Derechos Humanos, por el respeto a los principios que la comunidad internacional proclama este día 26. El Ararteko quiere expresar asimismo su solidaridad con las víctimas de la tortura, y señalar que los primeros pasos dados en este sentido por el Gobierno Vasco, a instancias del Parlamento Vasco, han de tener continuidad y deben ser reforzados con los medios precisos, con el fin de que esas víctimas puedan ver amparados sus derechos a la verdad, a la memoria, a la justicia, al reconocimiento y a la reparación.
Vitoria-Gasteiz, 26 de junio de 2014