Declaración Institucional del Ararteko con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, 10 de diciembre de 2011

Mañana se cumplen 63 años desde la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). La DUDH, aprobada tan sólo tres años después del final de la Segunda Guerra Mundial, nació del convencimiento de que los derechos humanos son el mejor remedio frente a la intolerancia y la barbarie. Con la Declaración Universal de 1948 se sentaron las bases del vigente marco jurídico internacional para la protección y promoción de los derechos humanos. De acuerdo con el artículo 10.2 de la Constitución, la DUDH debe inspirar las normas y políticas públicas relativas a derechos fundamentales.

Tal como se recoge en su preámbulo, la DUDH aspira a liberar a todos los seres humanos del temor y de la miseria, razón por la cual en sus 30 artículos se reconocen de manera interdependiente derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. El artículo 22 de la Declaración Universal proclama el derecho de toda persona a "la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad".

Los derechos económicos, sociales y culturales son parte integral de la dignidad humana. La realización progresiva de estos derechos debe constituir una prioridad para los poderes públicos. La obligación de desarrollar progresivamente los derechos económicos y sociales impide que los poderes públicos puedan dar pasos atrás deliberadamente en los niveles de protección de estos derechos. Aun en tiempos de limitaciones de recursos, causadas sea por el proceso de ajuste, de recesión económica o por otros factores, se ha de proteger a los miembros vulnerables de la sociedad mediante la adopción de planes y políticas públicas y la asignación de los medios necesarios.

Es precisamente en tiempos de crisis cuando la función de los derechos socioeconómicos es vital. Los poderes públicos deben garantizar un nivel adecuado de satisfacción de estos derechos, prestando particular atención a las personas y los colectivos más vulnerables y articulando los mecanismos necesarios para facilitar la participación activa y la rendición de cuentas.