El Ararteko se dirige al Defensor del Pueblo de Grecia señalando el carácter humanitario de la actuación de los cooperantes detenidos en ese país y le solicita que actúe en defensa de sus derechos
El Ararteko muestra su preocupación por la detención en Grecia de Mikel Zuloaga y Begoña Huarte, cuando pretendían trasladar a nuestra tierra a un grupo de personas refugiadas.
Entre las misiones que la ley encomienda al Ararteko figura la de promover una cultura de la Paz y de los Derechos Humanos. Con este fin la institución mantiene siempre abiertos canales de comunicación fluidos con asociaciones y organizaciones no-gubernamentales que operan en el País Vasco a fin de dar visibilidad a iniciativas nacidas de la sociedad civil destinadas a promover y garantizar eficazmente el ejercicio de tales derechos, en el marco de la ley internacional e interna.
Precisamente, el mes pasado recayó en tres de ellas, dedicadas a la ayuda a los refugiados, el premio "René Cassin", máximo galardón con el que el Gobierno Vasco reconoce la labor de promoción de los Derechos Humanos, lo que da buena cuenta de la sensibilidad de la sociedad vasca frente a la catástrofe humanitaria a la que Europa está llamada a hacer frente con firmeza y decisión.
La llamada "crisis de los refugiados" ha generado, en efecto, una inmensa ola de solidaridad entre la ciudadanía vasca hacia las personas obligadas a huir de la guerra, la persecución, la miseria y el terror. Como en otros lugares, la frustración se ha ido extendiendo entre nosotros ante el incumplimiento de los compromisos adquiridos por la Unión y por los gobiernos europeos en materia de asilo. La población de nuestro país ha manifestado, reiterada y generosamente, su voluntad de acogida, ayuda y asistencia, expresando, cada día de manera más intensa, su decepción profunda y su inquietud creciente ante la insuficiencia de la respuesta ofrecida por Europa a la hora de ofrecer digna y legal acogida a los solicitantes de asilo. Una respuesta que ignora las obligaciones que imponen el Convenio y el Protocolo de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados.
En esta situación, proliferan en Euskadi las denuncias contra la lentitud y clamorosa insuficiencia de la reacción de quienes tienen la responsabilidad primera de tramitar los procedimientos de reasentamiento y reubicación de los solicitantes de protección internacional. La tibieza de la reacción no tiene paragón con la magnitud de la tragedia humanitaria. Lejos de evitar el terror y la miseria de los que huyen las personas refugiadas, la desesperante lentitud de los procedimientos y su limitada eficacia práctica no hacen sino aumentar el drama, forzando, en muchos casos, a los solicitantes de asilo a intentar rutas alternativas cada vez más peligrosas.
El gesto de la señora Huarte y el señor Zuloaga, miembros de la Plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak, creada para facilitar ayuda a los refugiados en espera de acogida, se enmarca en este contexto. Constituye una expresión de ese sentimiento generalizado de decepción, frustración e impotencia existente en el seno de la sociedad vasca, entre otras. Su iniciativa pretendía denunciar una situación inaceptable y, más allá de su ajuste a la normativa reguladora de la documentación necesaria para viajar, no guarda relación alguna con el tráfico de personas. Por ello, y a la vista de los datos de los que dispone el Ararteko, la privación de libertad de estos cooperantes aparece como carente de una justificación sólida.
Así se lo ha trasladado el Ararteko al Defensor del Pueblo de Grecia, mediante un escrito enviado hoy mismo, insistiendo en el carácter eminentemente humanitario de la conducta de estas personas y solicitándole, en el marco de la cooperación que ambas instituciones mantienen sobre temas de interés común, que se interese por su situación y por la efectividad de sus derechos.
Vitoria-Gasteiz, 29 de diciembre de 2016