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  • El Ararteko ha emitido una recomendación dirigida al Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de la Diputación Foral de Álava, instándole a eliminar la obligatoriedad de utilizar un programa informático específico para confeccionar autoliquidaciones del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados cuando estas se entregan presencialmente.

    La recomendación surge tras la queja de un ciudadano que acudió a las oficinas de la Hacienda Foral alavesa para realizar un trámite presencialmente, pero se le exigió descargar y completar previamente un modelo específico mediante un programa informático. El ciudadano, que carecía de conocimientos informáticos suficientes, no pudo completar el trámite ni siquiera con ayuda de terceros, por lo que manifestó su disconformidad ante esta imposición. Aunque en la administración le ofrecieron un ordenador en sus instalaciones, el ciudadano insistió en que no tenía las habilidades necesarias para manejarlo sin ayuda.

    Tras analizar la situación, el Ararteko considera que esta exigencia vulnera los derechos de la ciudadanía, en particular el derecho a elegir cómo relacionarse con la administración pública, especialmente cuando se trata de personas sin habilidades digitales suficientes. Además, señala que la obligatoriedad impuesta no está debidamente justificada por una norma con rango de ley, tal como exige la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que han insistido en que las administraciones deben ofrecer alternativas accesibles y no imponer el uso obligatorio de medios electrónicos sin garantías de acceso y competencia digital.

    En conclusión, el Ararteko recomienda a la Diputación Foral de Álava eliminar esta obligatoriedad y proporcionar alternativas que permitan realizar trámites tributarios presenciales de manera accesible para todas las personas, respetando así el derecho a una buena administración.

    RESOLUCIÓN

    Vitoria-Gasteiz, 17 de marzo de 2025

  • El Ararteko ha emitido una resolución instando al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a eliminar la obligatoriedad de la cita previa para interponer denuncias en la Policía Local, permitiendo a la ciudadanía presentar denuncias de manera presencial sin barreras innecesarias. La recomendación responde a la queja de un ciudadano que encontró dificultades y retrasos al intentar denunciar un delito debido a la existencia de este requisito.

    Tras analizar el caso, el Ararteko ha constatado que la imposición de la cita previa puede generar indefensión y vulnerar derechos fundamentales, como la tutela judicial efectiva y la protección de las víctimas. Además, ha manifestado su preocupación por la posibilidad de que esta medida impida la atención inmediata en situaciones especialmente graves, como casos de violencia de género o delitos que requieran una actuación urgente.

    En su resolución, el Ararteko recomienda que la cita previa se mantenga únicamente como una opción voluntaria y que el Ayuntamiento informe de manera clara, tanto presencialmente como por vía electrónica, sobre su funcionamiento y en qué casos puede resultar útil. Con esta medida, el Ararteko refuerza su compromiso con una administración accesible y con la garantía de que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos sin trabas administrativas injustificadas.

    RESOLUCIÓN

    Vitoria-Gasteiz, 11 de marzo de 2025
     

  • 8 de marzo de 2025 El Ararteko considera necesario que las instituciones públicas emprendan medidas para difundir entre la juventud la idea de que la igualdad es una herramienta clave para la...
  • El Comité Europeo de Derechos Sociales ha dado a conocer su decisión relativa a la situación de las personas residentes en la Cañada Real Galiana de Madrid. En su decisión, el Comité declara que, las autoridades españolas, al permitir una situación en la que, durante un periodo prolongado de tiempo, las personas han tenido un acceso intermitente a la energía, o ningún acceso en absoluto, han abocado a esas personas a la pobreza energética, violando así varias disposiciones de la Carta Social Europea.

    En un hecho novedoso, el Comité ha examinado detenidamente la relación entre los derechos humanos y el acceso a la energía. La decisión determina que el «acceso estable, constante y seguro a una energía adecuada» es un requisito previo y un elemento clave para el disfrute de los derechos a la vivienda (artículos 31.1 y 16), la salud (artículos 11.1 y 11.3), la educación (artículo 17.2) y la protección contra la pobreza y la exclusión social (artículos 30, 23 y 15.3), entre otros, en virtud de la Carta Social Europea. Para ser «adecuada» a efectos de la Carta, la energía debe ser asequible, limpia y sostenible. Desde la perspectiva procesal, cabe señalar, también, la participación de la Defensoría del Pueblo de España en el procedimiento seguido ante el Comité, al aportar sus observaciones como tercera parte en el litigio. 

    Esta decisión tiene su origen en la demanda colectiva presentada, en 2022, por cinco organizaciones sociales, tanto de España como de nivel europeo. La demanda alegaba que la situación creada por los cortes del suministro eléctricos en la vida de al menos 4.500 habitantes, entre ellos unos 1.800 niños, de la Cañada Real, constituía una violación de varias disposiciones de la Carta Social Europea. 

    En todo caso, no es la primera vez que el Comité Europeo de Derechos Sociales se pronuncia sobre este asunto, ya que, esta misma demanda logró que, en octubre de 2022, el Comité indicara “medidas inmediatas” instando a España a restablecer de inmediato el suministro eléctrico para evitar un daño grave e irreparable a la integridad las personas que viven en dicho barrio de Madrid (ver nota publicada por el Ararteko a este respecto). 

  • El Ararteko se suma a esta declaración de la ENOC, que considera necesario establecer garantías eficaces para asegurar la protección efectiva de los derechos de estos menores, ya que el Pacto suscita preocupación por el trato que pudieran recibir en las fronteras europeas.

    La Red Europea de Defensorías de Infancia (ENOC), que agrupa a 44 organismos de defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes de 34 países de Europa, ha expresado de manera reiterada y persistente su preocupación por la situación de las niñas, niños y adolescentes migrantes, emitiendo una serie de recomendaciones relativas a ellos y a la necesidad de aumentar la protección de sus derechos de conformidad con la normativa internacional y regional.

    Desde 2015, millones de niños, niñas y adolescentes han llegado a Europa en busca de seguridad y protección. Desde 2020 se han registrado más de 800.000 nuevas solicitudes de asilo de menores de edad en los países de la Unión Europea (UE), de las cuales, más de 113.000 corresponden a menores no acompañados o separados de sus familias.

    Ahora que los Estados miembros de la UE se preparan para aplicar el Pacto sobre Migración y Asilo adoptado el 10 de abril de 2024, ENOC considera necesario establecer garantías eficaces para asegurar la protección efectiva de los derechos de estos niños, niñas y adolescentes, ya que el Pacto suscita preocupación por el trato que pudieran recibir en las fronteras europeas.

    A menos que los mecanismos de reparto de responsabilidades y solidaridad previstos por el Pacto sean realmente eficaces, éste no resolverá la "presión" sobre los Estados de primera entrada. Para mitigar el riesgo de que se produzcan vulneraciones de los derechos humanos en las fronteras y de que se erosione aún más el derecho a solicitar asilo, se deben establecer suficientes garantías de los derechos humanos, incluidos mecanismos de supervisión eficaces e independientes, evaluaciones cuidadosas de la vulnerabilidad y derivación rápida a servicios adaptados (como servicios de protección a la infancia y asistencia sanitaria), provisión de información crítica y asistencia jurídica, sistemas para la investigación nacional rápida y eficaz de presuntos malos tratos.

    La UE y sus Estados miembros deben dar prioridad a las inversiones económicas y operativas para dotar adecuadamente de recursos a los sistemas nacionales de asilo y acogida. En lugar de intentar disuadir a toda costa a la gente de llegar a Europa, los Estados deberían centrarse en defender los derechos fundamentales y la dignidad de las personas.

    El Ararteko, miembro de la red ENOC, se suma a esta declaración institucional ad hoc sobre la protección de sus derechos. 

    DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA ENOC

    Vitoria-Gasteiz, 12 de febrero de 2025

  • El Ararteko sigue manteniendo una relación intensa con otras defensorías europeas. En este caso, ha participado en un seminario en el que se pretendía intercambiar reflexiones y buenas prácticas entorno a la mejora de la atención a la ciudadanía. 

    El 29 de enero de 2025, la Defensoría de los Países Bajos organizó este seminario, en el marco de la iniciativa Ombuds Academy (academia de las instituciones Ombuds) del Instituto Internacional de los Ombudsman (IOI, por sus siglas en inglés). En el seminario participaron hasta 22 representantes de 18 diferentes instituciones Ombuds de Europa, y el encuentro sirvió para que las instituciones conocieran estrategias para mejorar la atención con la ciudadanía.  

    También el IOI, que da cabida a estas defensorías, ha recogido el éxito de esta iniciativa. 

  • El 7 de febrero de 2025, la UNESCO ha publicado el informe "Bicicleta para todos", en el que hace hincapié en la importancia de este medio de transporte en la promoción de estilos de vida saludables y sostenibles. El documento subraya el impacto positivo de la bicicleta en la movilidad urbana, en la reducción de emisiones contaminantes y en la mejora de la salud pública, posicionándola como una herramienta clave en la lucha contra el cambio climático y en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible.

    El informe destaca la necesidad de que los gobiernos e instituciones impulsen políticas de movilidad activa, desarrollen infraestructuras seguras para los ciclistas y garanticen el acceso equitativo a este medio de transporte. Además, la UNESCO pone en valor el papel de la bicicleta en la educación, la equidad de género y la inclusión social.

  • El ararteko Manuel Lezertua junto con el defensor del pueblo andaluz, el defensor del pueblo de Navarra, la diputada del común de Canarias y la síndica de greuges de Catalunya participa en la firma del acuerdo sobre la cultura de la justicia restaurativa, del diálogo, de la conciliación, del acuerdo y de la reparación, en un acto organizado por la Síndica de Greuges de Catalunya, en Barcelona. Este acuerdo representa un hito en la promoción de la mediación y la justicia restaurativa, áreas que el Ararteko ha venido impulsando en Euskadi como parte de sus líneas estratégicas.

    El Ararteko ha integrado la justicia restaurativa y la mediación como mecanismos clave para la resolución de conflictos, tanto en su intervención en quejas como en la atención a la ciudadanía. A través de prácticas restaurativas, como la escucha activa y la inclusión de peticiones de disculpas, busca mejorar la calidad del servicio público y fomentar un entorno de diálogo y reparación. Estas prácticas contribuyen a humanizar el sector público y a fortalecer la relación entre la administración y los ciudadanos. Asimismo, esta institución facilita procesos restaurativos relacionados con la convivencia especialmente en el ámbito comunitario.

    La firma de este acuerdo reafirma el compromiso del Ararteko con la mediación y la cultura restaurativa, con el objetivo de mejorar la garantía de los derechos de la ciudadanía y avanzar en una sociedad más democrática. La institución considera que la participación en este acto refuerza el papel de las defensorías del pueblo como agentes clave para integrar en la sociedad procesos alternativos para la gestión de conflictos y promover una administración pública más cercana y respetuosa con el derecho a una buena administración de la ciudadanía.

    Vitoria-Gasteiz, 5 de febrero de 2025

Vitoria-Gasteiz
Ararteko

El Ararteko solicita al Departamento de Justicia del Gobierno Vasco que ponga todos los medios a su alcance para resolver en plazo las solicitudes de todas las víctimas que se encuentren en tramitación

Representantes de la Fundación Egiari Zor acudieron al Ararteko para plantear varias cuestiones y reflexiones, entre ellas mostraron un sentimiento de trato discriminatorio hacia las víctimas de la tortura, en comparación con otras víctimas y pidieron el fin de la naturalización de las violaciones de los derechos humanos. También denunciaron que la Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999, no ha sido desarrollada por ningún reglamento y pusieron de manifiesto las dificultades y la dilación de las tramitaciones.

Ante estos hechos, el Ararteko ha llevado a cabo una serie de actuaciones, como es la emisión de un informe en el que se señala el contexto internacional y los instrumentos de protección legal del delito de tortura, o el mantener contactos con las máximas autoridades del Gobierno Vasco para trasladarles las inquietudes y reflexiones de los y las consultantes.

En el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, el 26 de junio, el Ararteko emitió una declaración institucional dejando claro, públicamente, su compromiso con las víctimas de la tortura.

En cuanto a la denuncia de Egiari Zor sobre el no desarrollo por ningún reglamento de la citada Ley, el Ararteko manifiesta lo siguiente:

-    Que se ha reunido con los máximos responsables del Gobierno Vasco para abordar la aplicación de la Ley y les ha mostrado su preocupación por la demora en la tramitación de las solicitudes de reconocimiento de las víctimas y porque dicho retraso afecte a las víctimas.

-    Mediante esta resolución, el Ararteko solicita al Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales que ponga todos los medios a su alcance para resolver en plazo las solicitudes de todas las víctimas que se encuentren en tramitación en virtud de la Ley 12/2016, de 28 de julio. 

-    El Ararteko, en el ámbito de sus competencias, continuará realizando el seguimiento de la aplicación de la ley citada. Para ello, mantendrá los contactos oportunos con los responsables del Gobierno Vasco, así como con las víctimas que están tramitando sus solicitudes, cuyo plazo se ha visto ampliado en otros 24 meses en 2023, a fin de que sean atendidas de forma adecuada y en el menor plazo posible.

En lo que respecta al caso denunciado en la consulta realizada por la Fundación Egiari Zor, sobre la promoción profesional del guardia civil Arturo Espejo, quien fuera instructor de la operación en la que, según un informe del Gobierno Vasco de 2017, Mikel Zabalza resultó víctima de tortura, el Ararteko dejó clara su postura en la declaración institucional que emitió con motivo del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, en la cual señala lo siguiente: “El ensalzamiento o la justificación de la tortura son incompatibles con la garantía de no repetición de actos tan abominables. Aún más lo son los indultos, honores públicos o promociones profesionales a quienes hayan sido condenados o aparezcan implicados en situaciones fehacientemente reconocidas como tortura. La percepción social de impunidad o el blanqueamiento de crímenes que repugnan la conciencia humana corroen los fundamentos de un Estado democrático de derecho”. 

RESOLUCIÓN

Vitoria-Gasteiz, 3 de noviembre de 2023