El informe de la UE sobre Estado de Derecho de 2023 urge a España a adaptar su sistema judicial

A principios de julio, la Comisión Europea publicó el Informe anual sobre el Estado de Derecho de 2023, que toma el pulso de la situación del Estado de Derecho en cada Estado miembro de la Unión Europea con finalidad preventiva, para evitar la aparición o agravamiento de problemas. En el capítulo dirigido a España, se urge a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, a reforzar la independencia y autonomía del Ministerio Fiscal, y a avanzar en la reforma de la Ley sobre secretos oficiales, entre otros asuntos.

El Informe anual sobre el Estado de Derecho de la UE es el resultado del diálogo que lleva a cabo la Comisión Europea con las autoridades nacionales y las partes interesadas (como sindicatos, periodistas, etc.). Aplica la misma metodología para examinar a todos los Estados miembros, estructurada sobre cuatro pilares -los sistemas judiciales nacionales, los marcos de lucha contra la corrupción, el pluralismo de los medios de comunicación y otras cuestiones institucionales en relación con los controles y equilibrios-, con la finalidad de evaluar los cambios acontecidos desde el anterior informe de julio de 2022. El informe es independiente del resto de instrumentos de la UE sobre el Estado de Derecho y complementa, pero no sustituye, a los mecanismos basados en el Tratado de la Unión Europea (TUE), que abarcan los procedimientos de infracción y el procedimiento dirigido a proteger los valores comunes de la Unión (artículo 7 del TUE).

Este cuarto Informe contiene, además, una evaluación cualitativa de los progresos realizados por cada Estado en el cumplimiento de las recomendaciones que, por primera vez, se elaboraron en 2022. Estas recomendaciones tienen su fundamento en los estándares europeos y toman en consideración los sistemas jurídicos nacionales, además de buscar cierta coherencia con otros procesos comunitarios, como el Plan de Recuperación y Resiliencia.

En el capítulo dedicado a España el informe de la Comisión apunta, por un lado, a aquellas cuestiones en las que no se ha avanzado y sobre las que insiste en sus recomendaciones, que son las siguientes:

• Como asunto prioritario, actuar ante la falta total de avance en lo que respecta a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la consiguiente necesidad de adaptar el proceso de nombramiento de las vocalías elegidas entre la judicatura a los estándares europeos (la Recomendación Rec(2000)19 del Consejo de Ministros del Consejo de Europa y el Informe de 2010 de la Comisión de Venecia).
• Actuar ante la falta de progreso para fortalecer el Estatuto de la Fiscalía General del Estado, en particular en lo que respecta a disociar el mandato de la persona titular de la elección del Gobierno, en virtud de los parámetros europeos sobre la independencia y autonomía del Ministerio Fiscal (la Recomendación Rec (2000)19 del Consejo de Ministros del Consejo de Europa y el Informe de 2010 de la Comisión de Venecia).
• En materia de casos de corrupción de alto nivel, ante la falta de avance en relación con la excesiva duración de las investigaciones y los enjuiciamientos, se recomienda finalizar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para aumentar la eficiencia de la sustanciación de estos procedimientos.

Por otro lado, la Comisión toma nota de otros asuntos sobre los que se ha avanzado y sobre los que emite recomendaciones para animar a continuar profundizando hacia su logro total, como es el caso de:

• Los pasos dados para presentar un proyecto de ley sobre la actividad de los grupos de interés. Se recomienda aprobar la ley, incluido el establecimiento de un registro público y obligatorio, de grupos de interés (lobbies).
• El establecimiento de garantías para la asignación de recursos suficientes a la autoridad nacional reguladora de los medios audiovisuales, con la finalidad de reforzar su eficacia, a la luz de la Directiva (UE) 2018/1808, que recoge la independencia de los reguladores de los medios de comunicación.
• Los pasos dados en la mejora del acceso a la información clasificada. Se recomienda reformar la Ley sobre secretos oficiales de 1968, teniendo en cuenta las normas europeas sobre el acceso a los documentos oficiales (Convenio de Tromsø del Consejo de Europa de 2009).
• Por último, se recomienda reforzar las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones de patrimonio de los altos cargos de la Administración, a través del fortalecimiento de las competencias sancionadoras de la Oficina de Conflictos de Intereses.