La vida no puede desahuciarse
El suicidio de Amaia Egaña cuando iba a ser expulsada, por desahucio, de su vivienda ha ocasionado una auténtica conmoción social y nos ha llenado de consternación. Quiero, antes de nada, mostrar públicamente mi condolencia y mi solidaridad más profundas a sus familiares y amigos. Y deseo añadir seguidamente que de forma inmediata los poderes públicos y las entidades bancarias habrían de adoptar el compromiso firme de buscar soluciones eficaces ante el terrible problema de los desahucios que afecta a decenas de miles de familias. Estamos en una situación de auténtica emergencia social y es necesario que todos nos concienciemos de ello.
La terrible crisis financiero-económica en la que estamos sumidos está causando estragos en la sociedad vasca. Diversos son los problemas que atenazan a muchas personas y familias (paro, precariedad laboral, pobreza, bajada espectacular de ingresos en comercios y empresas, falta de recursos para llegar a fin de mes, miedo e incertidumbre ante el futuro etc.) De un tiempo a esta parte, la pérdida de la vivienda por embargo y lanzamiento decretados en un procedimiento de desahucio se ha convertido en un problema gravísimo. En un artículo de opinión publicado hace un año ya alerté sobre la envergadura y gravedad de este problema y aporté algunas propuestas, que hoy debo reiterar. Conviene subrayar que la ejecución hipotecaria que implica el embargo de la vivienda no liquida la deuda pendiente: a ésta se le resta el importe económico resultante del precio que se ha abonado por aquélla en subasta pública; si la subasta se declara desierta el banco o caja puede adjudicarse la vivienda por el importe equivalente al 60% del valor de tasación. Muchas de las personas que pierden la vivienda siguen, en consecuencia, debiendo a la entidad financiera una determinada cuantía económica. Hay, por otra parte, otro problema a tener en cuenta: en numerosos créditos hipotecarios el banco ha exigido una doble garantía hipotecaria: la de la vivienda o local de comercio o negocio para cuya adquisición se ha pedido el crédito y la de la vivienda de los padres/madres o de los abuelos del prestatario. El impago de las cuotas del préstamo ha traído consigo en ocasiones la pérdida de los dos inmuebles.
Ha sido noticia esta semana que un dictamen elaborado por la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que la legislación española sobre desahucios vulnera los derechos de los consumidores protegidos por la normativa europea porque no permite suspender el proceso de desahucio cuando se invoca por parte del prestatario la existencia de cláusulas abusivas en el contrato. Asimismo, son cada vez más las voces jurídicas (jueces, abogados etc.) que consideran que en muchos contratos ha habido usura, enriquecimiento injusto de los bancos y cláusulas abusivas. La indefensión de los ciudadanos ante estos abusos ha sido clamorosa. Se han hecho muchas cosas mal y no se entiende que a estas alturas el Gobierno y las Cortes Generales no hayan acometido las reformas legales necesarias para hacer frente a tanto despropósito y vulneración de derechos, habida cuenta de que el problema surgió hace ya cuatro años. En este periodo se calcula que ha habido cerca de 350.000 ejecuciones hipotecarias en España. En Euskadi se sustancian una media diaria de siete procesos de desahucios que afectan a otras tantas familias.
El Gobierno Vasco puso en marcha un servicio de mediación entre personas afectadas por los desahucios y las entidades bancarias que ha evitado en algunos casos el lanzamiento o expulsión de la vivienda de esas personas porque las dos partes han llegado a un acuerdo: la moratoria en el pago de la cuota, la refinanciación de la deuda o que, aunque se pierda la propiedad de la vivienda, la persona o familia afectada pueda seguir en ella en calidad de arrendataria. Habría que difundir mejor la información relativa a la existencia de este servicio así como dotarle de todos los medios necesarios. Pero se puede y se debe hacer más: siendo estatal la competencia, urge la aprobación inmediata de un Real Decreto-Ley, que posteriormente debería ser convalidado por las Cortes Generales, que disponga al menos las siguientes medidas: a) obligatoriedad de la moratoria en el pago del préstamo cuando el prestatario se haya quedado sin trabajo o concurran en él circunstancias de vulnerabilidad; b) suspensión de los procedimientos de desahucios cuando se alegue la existencia de cláusulas abusivas, de usura o de engaño por parte de la entidad bancaria hasta que haya una resolución judicial sobre esas denuncias; c) intervención obligatoria en el procedimiento de un servicio de mediación que tenga por objeto evitar la expulsión de la vivienda; d) reforma de las leyes hipotecarias para establecer a partir de ahora la llamada dación en pago, es decir el pacto de garantía limitada al bien hipotecado; e) garantizar el derecho constitucional a la vivienda a quien la pierda, es decir su realojo en una vivienda de titularidad pública.
Termino reiterando que la sociedad vasca vive una situación de emergencia social. Lo venimos diciendo desde que se agudizó la crisis porque las demandas que llegan al Ararteko así lo demuestran y porque las ONGs que trabajan en el campo de la intervención social llevan tiempo denunciándolo. La pérdida de la vivienda por desahucio que están sufriendo miles de familias vascas no es el único problema grave. Ante esta situación de emergencia resulta apremiante que los partidos e instituciones políticas estén a la altura de los retos y busquen entre todos los acuerdos necesarios para solucionar los problemas y empezar a construir las bases de un futuro que nos traiga la esperanza.
Iñigo Lamarca Iturbe
Ararteko