Los derechos humanos como base de las políticas públicas en tiempos de crisis económica

Es necesario dotar de significado al compromiso con los derechos humanos manifestado recurrentemente por los representantes políticos. Más allá del discurso, una apuesta decidida por los derechos humanos tiene una serie de implicaciones prácticas que los poderes públicos deben hacer suyas para honrar sus compromisos.

A través de su nuevo estudio "Los derechos humanos como base de las políticas públicas en tiempos de crisis económica", el Ararteko reflexiona sobre los principios de derechos humanos que deben guiar el diseño de las políticas públicas.

Partiendo de principios fundamentales como la igualdad y no discriminación, la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos, y los derechos a la reparación, la participación activa y al acceso a la información, el Ararteko presenta una serie de recomendaciones prácticas para los poderes públicos:

· La legislación en desarrollo de los derechos fundamentales debe ajustarse a los parámetros más garantistas del Derecho internacional de los derechos humanos;

· Las políticas públicas deben estar encaminadas a garantizar la igualdad, entendida como capacidad y autonomía personales y como valor vertebrador de una sociedad democrática;

· Las políticas y los servicios sociales son instrumentos para la materialización de los derechos socioeconómicos y fuente de creación de empleo, prosperidad y cohesión social;

· Es necesario contar con datos desagregados para evaluar el nivel de acceso y disfrute de los derechos socioeconómicos por parte de todos los colectivos sociales;

· Son los poderes públicos quienes soportan la carga de probar, mediante evaluaciones de impacto en derechos humanos, que los recortes se justifican a la luz del conjunto de los derechos socioeconómicos y en plena utilización del máximo de los recursos disponibles;

· Los derechos civiles (principalmente, el derecho de reunión y el derecho de asociación) son garantías ciudadanas del cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos por parte de los poderes públicos;

· Todas las personas deben contar con información detallada y relevante, y tener la posibilidad de participar de manera significativa y en condiciones de igualdad en las decisiones que les afectan.

Los poderes públicos tienen la gran responsabilidad de impedir que la crisis económica se convierta en una crisis de derechos humanos. El saneamiento del sistema financiero, la reducción de la prima de riesgo y el cumplimiento de los objetivos del déficit no pueden realizarse a expensas de estos derechos.

Es en periodos de tormenta cuando los poderes públicos deben hacer valer su liderazgo para responder a las necesidades de la ciudadanía. Es el momento de decidir si la salud, la vivienda, la educación o la expresión de ideas en público son derechos o meros privilegios reservados para tiempos de bonanza económica.

Vitoria-Gasteiz, 15 de junio de 2012