Se ha presentado ante la comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco el informe extraordinario "La respuesta a las necesidades educativas especiales en la CAPV"

La apuesta por integrar al alumnado con necesidades educativas especiales, asociadas a diferentes discapacidades, en centros ordinarios y normalizar las respuestas educativas ha sido clara y generalizada. Prueba de ello es que, en el curso 1999-2000, el 92,2% del alumnado considerado con necesidades educativas especiales estaba escolarizado en centros ordinarios. Algunos de los avances logrados son evidentes y así lo reconocen los propios actores sociales.

Según el decreto del Gobierno Vasco que regula la respuesta que se ha de dar a este colectivo, se entienden como necesidades educativas especiales las de aquellos alumnos y alumnas que requieran en un periodo de su escolarización, o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas por padecer discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, por manifestar trastornos graves de conducta o por estar en situaciones sociales o culturales desfavorecidas, así como las de aquellos alumnos y alumnas que requieran atención específica debido a condiciones personales ligadas a altas capacidades intelectuales.

ASPECTOS ESPECIALMENTE PREOCUPANTES

Desde una perspectiva garantista de los derechos, que es la que corresponde a la institución del Ararteko, queremos destacar aquellos aspectos del informe especialmente preocupantes y que, en nuestra opinión, deben ser objeto de atención prioritaria.

1. El salto existente entre la normativa y la práctica escolar.

A pesar de los pasos dados y de los avances logrados, la realidad analizada muestra que la integración y normalización, principios que rigen la respuesta a las necesidades educativas especiales, no siempre se alcanzan de hecho, por diferentes razones.

2. La insuficiente consideración del desfavorecimiento social.

Por los datos recogidos de los diferentes servicios del Departamento de Educación, se ha podido constatar que el desfavorecimiento social no está teniendo una consideración equiparable a la de otros grupos con necesidades educativas especiales. Todo apunta a que las previsiones de la normativa no han sido todavía suficientemente aplicadas, o no han sido llevadas a la práctica suficientemente.

Es evidente que las situaciones de desfavorecimiento social se concentran, de modo especial, en determinadas zonas y centros. A juicio de esta institución, ello exige una atención prioritaria y compensatoria ante tales situaciones. Atención prioritaria que los datos recogidos no reflejan.

3. Las diferencias, en la atención a las necesidades educativas especiales, entre redes escolares.

Tanto los datos de escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales como los datos de calificaciones escolares ponen de manifiesto una realidad muy preocupante: no existe una distribución equitativa de este alumnado entre los diferentes centros y redes; existe una tendencia clara a que el alumnado con determinadas necesidades se concentre, en gran proporción, en algunos centros, especialmente en centros públicos de determinadas zonas o modelos lingüísticos; esta distribución desigual tiene también su reflejo en las diferencias que se observan en las calificaciones escolares del alumnado entre unos centros y otros; existe el riesgo de que algunos centros se conviertan en ¿guetos¿ que hagan inviable cualquier integración.

La desproporción, entre la red pública y privada, en la atención a las necesidades educativas especiales es evidente y afecta a todos los territorios, niveles educativos y modelos lingüísticos. Los datos muestran que el peso de la integración del alumnado con necesidades educativas especiales recae, especialmente, en los centros públicos. Y, seguramente, esta desproporción sería aún mucho mayor si se recogieran las necesidades asociadas a situaciones de desfavorecimiento social, algunas de ellas relativamente recientes (piénsese, por ejemplo, en el alumnado de origen extranjero o perteneciente a minorías étnicas).

Parece necesario adoptar, con urgencia, medidas correctoras a esta situación. La distribución del alumnado en las diferentes unidades que conforman el sistema educativo puede ser, en sí misma, más o menos equilibrada o equitativa. Pero, además, existe un consenso generalizado sobre la necesidad de no superar determinadas ratios de escolarización de alumnado con necesidades educativas especiales en un centro o aula para que la integración escolar sea posible y beneficiosa para todos. La propia normativa de nuestra comunidad recoge este riesgo: ¿La Administración Educativa cuidará especialmente de que aquellos centros situados en entornos desfavorecidos no se conviertan en entornos segregados, contrarios al principio de integración y normalización¿. Corresponde, pues, a la Administración educativa poner los medios y velar porque así sea.

Este informe propone medidas en este sentido, que afectan tanto a los criterios de matriculación como al seguimiento de las derivaciones, cambios de centro o ¿expulsiones¿ más o menos veladas de determinados alumnos a otros servicios. Medidas que, a juicio de esta institución, la Administración educativa puede tomar respecto a un sistema que, prácticamente en su totalidad y al margen de la titularidad pública o privada, está financiado con fondos públicos y sujeto a idénticas normas y principios.

4. Las diferencias en la atención entre territorios

Entre todas las diferencias observadas las más difíciles de comprender son las que se aprecian respecto a las tasas de intervención: ningún dato de población o socioeconómico puede justificar, por ejemplo, que en Álava la proporción de alumnos/as que son considerados como sujetos con necesidades educativas especiales sea del 2,6%, en Bizkaia sea del 1,6% y en Gipuzkoa del 2,1%. Tampoco la autonomía de los centros permite explicar tales diferencias. Más bien, deben ser atribuidas a la mayor o menor capacidad de detección y a la ausencia de criterios comunes que busquen una mayor equidad en la respuesta a las necesidades y en la consiguiente distribución de recursos.

5. La existencia de centros educativos con escasa capacidad de respuesta y resultados escolares poco satisfactorios

Los datos de calificaciones escolares, de repetición de curso o de retraso acumulado muestran que el sistema escolar no está pudiendo compensar y superar desigualdades y déficits de origen en algunos centros. Las causas, seguramente, son muy diversas y no pueden simplificarse señalando, simplemente, que los recursos de que disponen estos centros son insuficientes para hacerlo. Pero sí parece, por los datos recogidos, que la atribución de recursos (especialmente recursos humanos) a estos centros no siempre tiene en cuenta suficientemente esta situación, sobre todo en algunos niveles.

6. Las dificultades para lograr la implicación de toda la comunidad educativa en la respuesta a las necesidades educativas especiales, superando la tendencia a delegar responsabilidades en el personal especializado o en los recursos específicos.

7. La situación de la atención a la diversidad y a las necesidades educativas especiales en la Educación Secundaria

Prácticamente todas las fuentes de información han mostrado su preocupación y han insistido en la problemática específica de la Educación Secundaria. Se considera que:

• muchos centros están dando una respuesta manifiestamente insuficiente a la diversidad de su alumnado;
• la atención a las necesidades educativas especiales, de hecho, no está asumida de igual modo y con recursos similares a los existentes en las etapas anteriores;
• existe una tendencia a desprenderse de determinado tipo de alumnado y derivarlo hacia recursos de enseñanza no reglada;
• la organización del centro y los horarios del profesorado no siempre garantizan unos mínimos necesarios para la coordinación pedagógica;
• es necesaria una mayor formación del profesorado de secundari