Pasar al contenido principal
  • El Ararteko ha emitido una resolución instando al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a eliminar la obligatoriedad de la cita previa para interponer denuncias en la Policía Local, permitiendo a la ciudadanía presentar denuncias de manera presencial sin barreras innecesarias. La recomendación responde a la queja de un ciudadano que encontró dificultades y retrasos al intentar denunciar un delito debido a la existencia de este requisito.

    Tras analizar el caso, el Ararteko ha constatado que la imposición de la cita previa puede generar indefensión y vulnerar derechos fundamentales, como la tutela judicial efectiva y la protección de las víctimas. Además, ha manifestado su preocupación por la posibilidad de que esta medida impida la atención inmediata en situaciones especialmente graves, como casos de violencia de género o delitos que requieran una actuación urgente.

    En su resolución, el Ararteko recomienda que la cita previa se mantenga únicamente como una opción voluntaria y que el Ayuntamiento informe de manera clara, tanto presencialmente como por vía electrónica, sobre su funcionamiento y en qué casos puede resultar útil. Con esta medida, el Ararteko refuerza su compromiso con una administración accesible y con la garantía de que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos sin trabas administrativas injustificadas.

    RESOLUCIÓN

    Vitoria-Gasteiz, 11 de marzo de 2025
     

  • 8 de marzo de 2025 El Ararteko considera necesario que las instituciones públicas emprendan medidas para difundir entre la juventud la idea de que la igualdad es una herramienta clave para la...
  • El Comité Europeo de Derechos Sociales ha dado a conocer su decisión relativa a la situación de las personas residentes en la Cañada Real Galiana de Madrid. En su decisión, el Comité declara que, las autoridades españolas, al permitir una situación en la que, durante un periodo prolongado de tiempo, las personas han tenido un acceso intermitente a la energía, o ningún acceso en absoluto, han abocado a esas personas a la pobreza energética, violando así varias disposiciones de la Carta Social Europea.

    En un hecho novedoso, el Comité ha examinado detenidamente la relación entre los derechos humanos y el acceso a la energía. La decisión determina que el «acceso estable, constante y seguro a una energía adecuada» es un requisito previo y un elemento clave para el disfrute de los derechos a la vivienda (artículos 31.1 y 16), la salud (artículos 11.1 y 11.3), la educación (artículo 17.2) y la protección contra la pobreza y la exclusión social (artículos 30, 23 y 15.3), entre otros, en virtud de la Carta Social Europea. Para ser «adecuada» a efectos de la Carta, la energía debe ser asequible, limpia y sostenible. Desde la perspectiva procesal, cabe señalar, también, la participación de la Defensoría del Pueblo de España en el procedimiento seguido ante el Comité, al aportar sus observaciones como tercera parte en el litigio. 

    Esta decisión tiene su origen en la demanda colectiva presentada, en 2022, por cinco organizaciones sociales, tanto de España como de nivel europeo. La demanda alegaba que la situación creada por los cortes del suministro eléctricos en la vida de al menos 4.500 habitantes, entre ellos unos 1.800 niños, de la Cañada Real, constituía una violación de varias disposiciones de la Carta Social Europea. 

    En todo caso, no es la primera vez que el Comité Europeo de Derechos Sociales se pronuncia sobre este asunto, ya que, esta misma demanda logró que, en octubre de 2022, el Comité indicara “medidas inmediatas” instando a España a restablecer de inmediato el suministro eléctrico para evitar un daño grave e irreparable a la integridad las personas que viven en dicho barrio de Madrid (ver nota publicada por el Ararteko a este respecto). 

  • El 7 de febrero de 2025, la UNESCO ha publicado el informe "Bicicleta para todos", en el que hace hincapié en la importancia de este medio de transporte en la promoción de estilos de vida saludables y sostenibles. El documento subraya el impacto positivo de la bicicleta en la movilidad urbana, en la reducción de emisiones contaminantes y en la mejora de la salud pública, posicionándola como una herramienta clave en la lucha contra el cambio climático y en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible.

    El informe destaca la necesidad de que los gobiernos e instituciones impulsen políticas de movilidad activa, desarrollen infraestructuras seguras para los ciclistas y garanticen el acceso equitativo a este medio de transporte. Además, la UNESCO pone en valor el papel de la bicicleta en la educación, la equidad de género y la inclusión social.

  • El Ararteko se suma a esta declaración de la ENOC, que considera necesario establecer garantías eficaces para asegurar la protección efectiva de los derechos de estos menores, ya que el Pacto suscita preocupación por el trato que pudieran recibir en las fronteras europeas.

    La Red Europea de Defensorías de Infancia (ENOC), que agrupa a 44 organismos de defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes de 34 países de Europa, ha expresado de manera reiterada y persistente su preocupación por la situación de las niñas, niños y adolescentes migrantes, emitiendo una serie de recomendaciones relativas a ellos y a la necesidad de aumentar la protección de sus derechos de conformidad con la normativa internacional y regional.

    Desde 2015, millones de niños, niñas y adolescentes han llegado a Europa en busca de seguridad y protección. Desde 2020 se han registrado más de 800.000 nuevas solicitudes de asilo de menores de edad en los países de la Unión Europea (UE), de las cuales, más de 113.000 corresponden a menores no acompañados o separados de sus familias.

    Ahora que los Estados miembros de la UE se preparan para aplicar el Pacto sobre Migración y Asilo adoptado el 10 de abril de 2024, ENOC considera necesario establecer garantías eficaces para asegurar la protección efectiva de los derechos de estos niños, niñas y adolescentes, ya que el Pacto suscita preocupación por el trato que pudieran recibir en las fronteras europeas.

    A menos que los mecanismos de reparto de responsabilidades y solidaridad previstos por el Pacto sean realmente eficaces, éste no resolverá la "presión" sobre los Estados de primera entrada. Para mitigar el riesgo de que se produzcan vulneraciones de los derechos humanos en las fronteras y de que se erosione aún más el derecho a solicitar asilo, se deben establecer suficientes garantías de los derechos humanos, incluidos mecanismos de supervisión eficaces e independientes, evaluaciones cuidadosas de la vulnerabilidad y derivación rápida a servicios adaptados (como servicios de protección a la infancia y asistencia sanitaria), provisión de información crítica y asistencia jurídica, sistemas para la investigación nacional rápida y eficaz de presuntos malos tratos.

    La UE y sus Estados miembros deben dar prioridad a las inversiones económicas y operativas para dotar adecuadamente de recursos a los sistemas nacionales de asilo y acogida. En lugar de intentar disuadir a toda costa a la gente de llegar a Europa, los Estados deberían centrarse en defender los derechos fundamentales y la dignidad de las personas.

    El Ararteko, miembro de la red ENOC, se suma a esta declaración institucional ad hoc sobre la protección de sus derechos. 

    DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA ENOC

    Vitoria-Gasteiz, 12 de febrero de 2025

  • El Ararteko sigue manteniendo una relación intensa con otras defensorías europeas. En este caso, ha participado en un seminario en el que se pretendía intercambiar reflexiones y buenas prácticas entorno a la mejora de la atención a la ciudadanía. 

    El 29 de enero de 2025, la Defensoría de los Países Bajos organizó este seminario, en el marco de la iniciativa Ombuds Academy (academia de las instituciones Ombuds) del Instituto Internacional de los Ombudsman (IOI, por sus siglas en inglés). En el seminario participaron hasta 22 representantes de 18 diferentes instituciones Ombuds de Europa, y el encuentro sirvió para que las instituciones conocieran estrategias para mejorar la atención con la ciudadanía.  

    También el IOI, que da cabida a estas defensorías, ha recogido el éxito de esta iniciativa. 

  • El ararteko Manuel Lezertua junto con el defensor del pueblo andaluz, el defensor del pueblo de Navarra, la diputada del común de Canarias y la síndica de greuges de Catalunya participa en la firma del acuerdo sobre la cultura de la justicia restaurativa, del diálogo, de la conciliación, del acuerdo y de la reparación, en un acto organizado por la Síndica de Greuges de Catalunya, en Barcelona. Este acuerdo representa un hito en la promoción de la mediación y la justicia restaurativa, áreas que el Ararteko ha venido impulsando en Euskadi como parte de sus líneas estratégicas.

    El Ararteko ha integrado la justicia restaurativa y la mediación como mecanismos clave para la resolución de conflictos, tanto en su intervención en quejas como en la atención a la ciudadanía. A través de prácticas restaurativas, como la escucha activa y la inclusión de peticiones de disculpas, busca mejorar la calidad del servicio público y fomentar un entorno de diálogo y reparación. Estas prácticas contribuyen a humanizar el sector público y a fortalecer la relación entre la administración y los ciudadanos. Asimismo, esta institución facilita procesos restaurativos relacionados con la convivencia especialmente en el ámbito comunitario.

    La firma de este acuerdo reafirma el compromiso del Ararteko con la mediación y la cultura restaurativa, con el objetivo de mejorar la garantía de los derechos de la ciudadanía y avanzar en una sociedad más democrática. La institución considera que la participación en este acto refuerza el papel de las defensorías del pueblo como agentes clave para integrar en la sociedad procesos alternativos para la gestión de conflictos y promover una administración pública más cercana y respetuosa con el derecho a una buena administración de la ciudadanía.

    Vitoria-Gasteiz, 5 de febrero de 2025

  • El Ararteko continúa con las visitas a los servicios sociales municipales y a los recursos sociales que atienden a las personas sin hogar, comedores, albergues, centros de día, a consecuencia de su preocupación por el incremento del número de personas en situación de exclusión residencial y el aumento el número de mujeres que residen en la calle.

    El aumento del número de personas - hombres y mujeres -que viven en la calle está siendo constatado en los recuentos nocturnos de personas sin hogar. Aunque los ayuntamientos y las diputaciones forales han incrementado el número de plazas en los recursos sociales que gestionan, se trata de un problema social que presenta numerosas vertientes, lo que exige una colaboración multiagente y una perspectiva integral. 

    Cada año, personal del Ararteko realiza visitas a los servicios sociales municipales de urgencias sociales para conocer la atención que se está ofreciendo en los albergues nocturnos, centros de día y comedores sociales previstos para responder a las necesidades de las personas sin hogar que viven en nuestra comunidad autónoma. 

    Estas visitas ayudan a conocer la atención que están prestando los servicios sociales municipales ante un incremento del número de personas sin vivienda o alojamiento seguro y adecuado, situaciones que se agravan con las condiciones climatológicas del invierno. 

    Además, nos permiten observar el cumplimiento de la  II Estrategia Vasca contra la Exclusión Residencial Grave 2024-2028, así como de la Recomendación general del Ararteko "Las administraciones públicas vascas deben dar continuidad a los esfuerzos realizados hasta el momento en la atención a las personas que viven en la calle, cumpliendo las directrices de la Estrategia Vasca para Personas Sin Hogar" y de su posterior resolución de seguimiento.

    El Ararteko quiere conocer de cerca la situación de los servicios existentes, realizando estas visitas a los recursos sociales y manteniendo reuniones con organizaciones sociales, con el fin de dar respuesta al incremento del número de quejas que se han presentado, en las que se denuncia la ausencia de un alojamiento y de cobertura a sus necesidades básicas.

    Vitoria-Gasteiz, 4 de febrero de 2025

Vitoria-Gasteiz
Ararteko

El Ararteko recomienda al Gobierno Vasco que revise los métodos utilizados para recoger datos de las personas que ingresan en prisión

También le pide que diseñe un protocolo de servicios sociales penitenciarios que permita un correcto control por parte del Centro Directivo Penitenciario de Euskadi, para evitar traslados lesivos de los derechos de las personas presas 

En mayo de 2023 el Ararteko recibió un escrito de queja de una persona denunciando el traslado de un preso del centro penitenciario de Martutene a un centro de León. Tras el ingreso en diciembre de 2022 del preso en Martutene, la Junta de Tratamiento propuso la clasificación inicial del interno al Centro Directivo Penitenciario de Euskadi. Posteriormente, ratificó la clasificación en segundo grado de tratamiento penitenciario y solicitó su traslado a un establecimiento penitenciario gestionado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias: “Son dos los factores que han motivado el traslado del interno: La sobreocupación de los centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma Vasca y la falta de vinculación socio/familiar del interno en la Comunidad Autónoma Vasca.”. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias aprobó el traslado.

La persona reclamante argumentaba que el interno tiene vinculación familiar en Gipuzkoa, que ha pasado su vida en Euskadi desde hace más de 20 años y que estaba siendo sometido en la prisión a un tratamiento de deshabituación del consumo de estupefacientes. Adjuntó diversa documentación: el histórico de padrón en Gipuzkoa del preso, el libro de familia donde consta la filiación de su hija menor de edad y un informe psicológico que recoge la influencia positiva de la reconstrucción del vínculo paternofilial en el desarrollo de la menor.

Tras solicitar información al respecto a la administración penitenciaria vasca, ésta remitió un informe señalando que “según el informe social emitido desde el centro penitenciario de Gipuzkoa a la Dirección de Justicia, el interno no mantiene relación con su familia (...) viviendo en la calle antes de su ingreso en prisión”.

Sin embargo, a juicio del Ararteko, los datos demuestran el arraigo del recluso en Euskadi, algo que no se tuvo en cuenta a la hora de decidir su traslado. Además, hay que tener en cuenta el impacto que esta decisión ha tenido en la hija menor de edad del recluso. En este sentido, el Ararteko recuerda que las niñas y niños con progenitores encarcelados tienen los mismos derechos que el resto y, en consecuencia, el derecho al contacto regular con sus progenitores. Por otra parte, este contacto regular puede tener un impacto positivo también en los procesos de reinserción de las personas presas.

Por ello, el Ararteko recomienda al GV que acepte la solicitud de traslado a Euskadi formulada por el reclamante y que revise los métodos utilizados para recoger datos de las personas que ingresan en prisión para que sean rigurosos. También le pide que diseñe un protocolo de servicios sociales penitenciarios de recogida de datos sociales y familiares, así como otras circunstancias personales de manera homogénea en los tres centros penitenciarios, que permita un correcto control por parte del Centro Directivo Penitenciario de Euskadi, para evitar traslados lesivos de los derechos de las personas presas que pueden afectar, inevitablemente, a los derechos de los menores con progenitores encarcelados.

RESOLUCIÓN

Vitoria-Gasteiz, 14 de marzo de 2024