Informe extraordinario "Respuesta institucional a la violencia contra las mujeres en la CAPV"
Es necesaria una respuesta planificada y una atención integral ajustada a las necesidades y a la gravedad del problema
La violencia contra las mujeres constituye una de las vulneraciones de los derechos humanos más grave y extendida en nuestra sociedad. Durante mucho tiempo, esa realidad ha permanecido oculta, pero, en los últimos tiempos, se está alcanzando una mayor sensibilidad social sobre su existencia y gravedad.
Lo que se pretende con este informe es valorar la respuesta institucional a las necesidades de estas mujeres, su mayor o menor adecuación a las necesidades, y definir propuestas de mejora sobre la idoneidad de las estructuras administrativas y de los recursos específicos diseñados para atender situaciones de violencia de género: atención social y psicológica, orientación jurídica, alojamiento temporal, protección policial...
La violencia de género abarca todas las formas de violencia que se ejercen contra las mujeres por el hecho de serlo. Sus manifestaciones en el mundo son múltiples: desde el aborto selectivo y el infanticidio de niñas, hasta la trata de mujeres, pasando por las mutilaciones genitales femeninas, la esclavitud sexual y/o doméstica,...
Algunas de estas vulneraciones de los derechos humanos de las mujeres se dan con mayor frecuencia en nuestro ámbito social y cultural. Entre ellas, se suele denominar violencia doméstica a los ataques a la integridad -física, psíquica y/o sexual- de las mujeres que tienen lugar en el marco de una relación de convivencia aunque ésta haya finalizado.
El presente informe se centra, pues, en una parte de la violencia que, en nuestro ámbito social, se ejerce contra las mujeres: aquélla que surge en el marco de una relación afectiva. Pero no se trata de analizar ese problema social, sino sólo la respuesta ofrecida por parte de las instituciones.
El motivo de la selección radica únicamente en que la problemática derivada de ese tipo de violencia constituye, en estos momentos, el principal objeto de atención por parte de las instituciones públicas. Es decir, aunque cualquier mujer que haya sufrido violencia sexista puede, en principio, dirigirse a los servicios existentes, lo cierto es que la demanda proviene casi exclusivamente de mujeres que han sido maltratadas por los hombres con quienes conviven o han convivido y, en mucha menor medida y sólo para algunos servicios -asistencia psicológica y/o jurídica-, de mujeres que han sido agredidas sexualmente por desconocidos.
El objeto de estudio de este informe, por tanto, viene más bien definido por el efecto (demanda de alojamiento, de asistencia psicológica, etc.) que por la causa (violencia contra las mujeres), pero conviene poner, asimismo, de relieve que la dimensión de lo que hemos llamado violencia en el marco de las relaciones afectivas no puede deducirse de la demanda de atención institucional, ya que ésta sólo se produce en un porcentaje pequeño de casos.
Delimitado el objeto de análisis, conviene insistir en que la finalidad inmediata del informe se cifra en mejorar la asistencia que las instituciones públicas ofrecen a las mujeres que han sufrido violencia, como un modo de incrementar la prevención, reducir los daños y, de algún modo, contribuir al cambio de la mentalidad y de la estructura social que la generan.
Para la elaboración del informe se ha contado, principalmente, con tres fuentes de información:
- Los datos y la documentación aportada por diferentes instituciones y servicios: diputaciones forales, ayuntamientos, Ertzaintza, policías municipales, Emakunde...
- Las visitas realizadas y las entrevistas mantenidas con diferentes servicios: servicios sociales especializados, policiales, de atención psicológica y orientación jurídica...
- Las entrevistas efectuadas a 54 mujeres víctimas de violencia de género atendidas por los servicios para conocer sus necesidades y su valoración acerca de la atención recibida.
No hay que olvidar que la respuesta institucional al maltrato es todavía relativamente reciente y que va variando constantemente al ser objeto de nuevas iniciativas que buscan su mejora. El informe recoge "la foto fija" de un determinado momento, el de la recogida de información (2002 y enero de 2003) y, en algunas cuestiones concretas, ofrece también la evolución observada en los últimos años (período 1997-2001). Pero no puede incorporar iniciativas que han surgido con posterioridad o que se prevean a corto plazo.
ELEMENTOS MÁS PREOCUPANTES
- La ausencia de una respuesta planificada, de una atención integral ajustada a las necesidades y a la gravedad del problema. Los recursos dependen de la sensibilidad o de la iniciativa de cada institución.
- La insuficiencia de datos que permitan un conocimiento ajustado de la realidad, a falta de criterios comunes a la hora de recogerlos.
- Importantes diferencias en la atención entre unos lugares y otros, dependiendo de cada municipio o territorio histórico.
- La existencia de colectivos de mujeres en situaciones de especial vulnerabilidad y que no pueden acceder a determinados servicios: mujeres con problemas de toxicomanías, de enfermedad mental, con discapacidad o de origen inmigrante.
- La falta de condiciones de muchos de los recursos de alojamiento utilizados: sin acompañamiento o suficientes medidas de seguridad.
- Limitaciones en la accesibilidad a los programas: por sus barreras, su ubicación o los requisitos para acceder a ellos.
- La existencia de listas de espera para acceder a determinados servicios.
- La debilidad de los mecanismos de coordinación o la falta de protocolos de actuación coordinada en el plano municipal.
- La existencia de necesidades no cubiertas, de acuerdo con las valoraciones y propuestas efectuadas por las propias mujeres afectadas. Por ejemplo, de inserción laboral o de vivienda.
- La insuficiencia de las medidas de protección dirigidas a garantizar la seguridad, la integridad física de las mujeres maltratadas.
RECOMENDACIONES
El informe efectúa un total de 29 recomendaciones:
- Introducir la perspectiva de igualdad de género en todas las políticas;
- Abordar la violencia de género de forma integral;
- Reforzar las tareas de sensibilización;
- Mejorar la formación de las y los profesionales implicados;
- Homogeneizar criterios y sistematizar los datos;
- Evaluar las prácticas y diseñar los indicadores adecuados;
- Definir con precisión el objetivo de los servicios de atención específicos;
- Unificar prestaciones;
- Mejorar la coordinación entre servicios;
- Desarrollar recursos o medidas que faciliten el acceso a la vivienda y al empleo;
- Dedicar una mayor atención a los colectivos de mujeres en situaciones especialmente vulnerables: inmigrantes, con alguna discapacidad, con problemas de toxicomanía...;
- Descentralizar los servicios de atención;
- Suprimir el requisito de denuncia previa y facilitar el acceso inmediato a los servicios;
- Reducir las listas de espera;
- Diversificar y mejorar la calidad de los recursos de alojamiento;
- Incrementar los recursos;
- Regular las condiciones mínimas que deben cumplir;
- Flexibilizar la duración máxima de los tratamientos;
- Acercar los servicios a las personas usuarias;
- Reforzar los programas de tratamiento dirigidos a agresores;
- Facilitar el acceso de las personas necesitadas al servicio;
- Garantizar el correcto funcionamiento del nuevo servicio de asistencia jurídica;
- Mejorar la atención inicial y la información ofrecida en los primeros momentos;
- Difundir el "Protocolo Interinstitucional" entre los agentes policiales, facilitar su formación y efectuar un seguimiento sobre sus prácticas de actuación;
- Desarrollar sistemas de localización y protección que reduzcan el riesgo de agresión;
- Mejorar los sistemas de registro y protección de datos;
- Mejorar y unificar los registros de datos;
- Reforzar los servicios sociales de urgencias;
- Agilizar la respuesta i