La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea certifica que las personas afrodescendientes de la UE sufren cada vez más racismo

El 25 de octubre de 2023, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) publicó su segundo informe “Ser una persona negra en la UE”, que recoge las experiencias de las personas afrodescendientes en Europa. El primer informe de 2018 puso de manifiesto el racismo generalizado y arraigado que existe en Europa contra personas afrodescendientes, y este segundo informe de la FRA aporta nuevos datos para revelar las crecientes experiencias de discriminación y violencia que sufren las personas migrantes y descendientes de personas migrantes de ascendencia africana -África subsahariana- residentes en 13 países de la UE, incluyendo España.

El informe destaca que los 5 años que separan esta investigación desde la primera edición han estado marcados por el movimiento Black Lives Matter y la movilización mundial para hacer frente al racismo y promover la justicia racial. Además, se ha avanzado en el ámbito institucional con la adopción por la Comisión Europea de su primer plan de acción de la UE contra el racismo (2020-2025). No obstante, en palabras del director de la FRA, Michael O’Flaherty, “resulta sorprendente no ver ninguna mejora. Por el contrario, las personas afrodescendientes sufren cada vez más discriminación solo por el color de su piel.” Las principales conclusiones apuntan lo siguiente:

• Discriminación racial - El 45% de las personas encuestadas dice haber experimentado discriminación racial en los últimos 5 años, lo que supone un claro incremento respecto al 39% del último estudio. Además, la discriminación sigue siguiendo invisible, con sólo el 9% de las víctimas que denuncian estos incidentes, y siendo muy pocas las denuncias ante un organismo de igualdad. En España, tan solo un 4% de las personas encuestadas habían denunciado o presentado una queja tras haber sufrido un incidente racista. Además, destaca el desconocimiento sobre los organismos de igualdad u organizaciones de apoyo especializada.
• Acoso racista - El 30% de las personas afrodescendiente afirma haber sufrido acoso racista, y la mayoría de las víctimas de violencia racista sufren problemas psicológicos derivados del acoso y temen volver a ser agredidas. En este apartado, España destaca por estar entre los países con el porcentaje más bajo de personas preocupadas por la posibilidad de sufrir acoso o violencia racista en público.
• Uso de perfiles raciales o étnicos por parte de la policía - Más de la mitad de los afrodescendientes creen que su última detención policial fue resultado del uso de perfiles raciales. España, después de Italia, es el país con las tasas más elevadas de caracterización racial por la policía. 
• Empleo - Muchas personas afrodescendientes ocupan trabajos de baja cualificación, y una de cada tres tiene un contrato temporal y carece de seguridad laboral. España tiene las tasas más bajas de trabajo remunerado entre las personas afrodescendientes; destaca por la brecha salarial entre mujeres y hombres (25 puntos); y por ser el país con el mayor porcentaje de contratos temporales (45%). Además, España y Suecia destacan por los malos datos respecto al número de personas jóvenes (16-24 años) encuestadas que ni trabajan, ni estudian, ni reciben formación, que supone aproximadamente el doble respecto a la población general.  
• El aumento de la inflación y del coste de la vida ha colocado a las personas afrodescendientes en una situación de mayor riesgo de pobreza que la población general. Un tercio tiene dificultades para llegar a fin de mes. En España, casi la mitad de las personas encuestadas tuvo (grandes) dificultades para llegar a fin de mes.

En el informe, la Agencia emite una serie de recomendaciones dirigidas a los países de la UE con el fin de contribuir a combatir el racismo y la discriminación de manera efectiva. Cabría destacar, entre todas ellas, las siguientes:

• Aplicar adecuadamente la legislación contra la discriminación, así como sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias.
• Identificar y registrar los delitos motivados por el odio, y considerar la motivación sesgada como circunstancia agravante a la hora de determinar las sanciones.
• Recopilar datos sobre igualdad, incluidos los relativos al "origen étnico o racial", para evaluar la situación y supervisar los progresos realizados.
• Garantizar que los organismos de igualdad cuentan con los mandatos y recursos necesarios para hacer frente a la discriminación y apoyar a las víctimas.
• Adoptar medidas para prevenir y erradicar las prácticas y la cultura institucional discriminatoria en el ámbito policial, basándose en la guía de la FRA sobre la prevención de la elaboración de perfiles ilegales (2018).
• Desarrollar políticas específicas para abordar el racismo y la discriminación racial en la educación, el empleo, la vivienda y la atención sanitaria.

Este año, el Ararteko ha publicado el estudio sobre “Discriminación y políticas públicas antidiscriminatoria en la CAE”, con el propósito de llamar la atención sobre la necesidad de políticas públicas de lucha contra la discriminación y el racismo en Euskadi. El estudio del Ararteko coincide con el informe de la FRA, al destacar las dificultades en el acceso a una vivienda para colectivos que sufren discriminación y riesgo de segregación residencial. Asimismo, las recomendaciones de ambos estudios coinciden al insistir, entre otras cuestiones, en la conveniencia de dar prioridad a medidas de prevención, protección y reparación frente a conductas discriminatorias, de manera complementaria a la reclamación administrativa o a la denuncia ante órganos judiciales; en la necesidad de información, asesoramiento y acompañamiento de las personas susceptibles de sufrir discriminación y de las víctimas de incidentes discriminatorios o racistas; en la importancia de elaborar medidas específicas relativas a la identificación de las personas por la policía; y, finalmente, al llamar la atención sobre la exigencia de elaborar estudios diagnóstico para el diseño de políticas públicas y recopilación de datos desagregados sobre igualdad.